Surum Hernández dice imputados de Senasa no solo robaron dinero, sino vidas para comprar yates de lujo
Karina Jiménez | | 2 mins de lectura 
Panorama Justicia. – El abogado Miguel Surum Hernández, quien se querelló contra varios de los imputados en el presunto caso de corrupción administrativa del Seguro Nacional de Salud (Senasa), consideró este martes que los responsables del «gigantesco desfalco” deben ir a prisión sin importar su posición social o influencia, al recordar que más de un millón de dominicanos resultaron perjudicados por el fraude.
Hernández, representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, señaló que el daño causado no solo fue económico, sino también humano.
“Muchos murieron porque simple y llanamente su tratamiento para el cáncer, su tratamiento de salud fue robado para comprar yates y darse la buena vida”, denunció con firmeza.
El jurista sostuvo que entre los principales señalados se encuentra Eduardo Riz Estrella, a quien acusó de realizar transferencias de activos mediante sus empresas para presentarlos como bienes legítimos.
“Estamos hablando prácticamente de 43 mil millones de pesos sustraídos al seguro de salud de la gente de escasos recursos”, subrayó.
Hernández reiteró que la población mantiene la esperanza de que se haga justicia y que este caso marque un precedente en la lucha contra la corrupción que afecta a uno de los pilares fundamentales del sistema de protección social.
Surum Heenandez se refirió al tras al salir de la audiencia que fue aplazada para este jueves 11.
El Ministerio Público acusa a los diez detenidos, de integrar una red de corrupción administrativa que provocó un déficit de RD$15 mil millones en la institución.
A los imputados se les atribuyen delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Entre los señalados figura el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, además de otros excolaboradores y contratistas. La Procuraduría está solicitando 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
