Justicia

Se querellan contra Carlos Bonilla y Bartolomé Pujals; lo acusan de violar la Ley de Compra y Contrataciones

Ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla Sánchez y Bartolomé Yaque Pujals Suárez, director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ogtic)
Ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla Sánchez y Bartolomé Yaque Pujals Suárez, director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ogtic)
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Panorama Jurídico. – El Partido Generación de Servidores (GenS), interpuso una querella en contra del Ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla Sánchez; Bartolomé Pujals Suárez, director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ogtic) y el señor Jacinto Badui Howley Dumit Serulle.

La entidad acusa a estas personas de violar varios artículos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, así como las normativas del Reglamento de Aplicación de dicha ley.

Con esta acción legal, presentada por el Partido GenS, representado por su presidente, Carlos Manuel Peña Batista, y los abogados constituidos Francisco Puntiel Sarante y Teodoro Díaz Cuevas, se busca resguardar los intereses de la organización y promover la transparencia en las acciones del gobierno.

La querella se centra en la contratación y puesta en funcionamiento del Centro de Servicios Presenciales Punto GOB en Punta Cana. Según la denuncia, la Octig fue responsable de la gestión y ejecución de este proyecto, que tenía como objetivo promover el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el país, especialmente en el ámbito gubernamental.

El Partido GenS sostiene que el proceso de contratación para este centro fue irregular y no cumplió con los requisitos establecidos por la ley.

En la querella se argumenta que los responsables de la implementación del proyecto infringieron los artículos 8, 12, 14, 36, 37, 65, 66 de la Ley 340-06 y los artículos 15 al 29, 233, 238, 244 y 245 del Reglamento de Aplicación de dicha ley, que establecen procedimientos claros para la compra y contratación de servicios en el sector público.

Irregularidades y falta de transparencia

Los abogados del Partido GenS argumentan que las contrataciones realizadas para la creación del Centro de Servicios Presenciales no siguieron los procedimientos adecuados, lo que podría haber comprometido tanto la transparencia como la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Carlos Bonilla

Según la querella, el proceso de contratación no se ajustó a los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia y transparencia en la adjudicación de los contratos, aspectos fundamentales que rigen las compras y contrataciones dentro del sector público.

El Partido GenS, al presentar esta querella, exige una investigación exhaustiva sobre las irregularidades señaladas y un debido proceso que garantice la transparencia en la contratación pública. La organización política busca, además, que se tomen las medidas necesarias para corregir cualquier posible daño o perjuicio causado por estas presuntas violaciones a la ley.

Con esta acción legal, el Partido Generación de Servidores dijo que reitera su compromiso con la transparencia, la justicia y el buen manejo de los recursos públicos, instando a las autoridades a que tomen las medidas correctivas pertinentes para asegurar que los proyectos gubernamentales sean manejados de acuerdo con las normativas establecidas.

Funciones de la Octig en el proyecto

Explican que la Octig es una institución clave dentro del gobierno dominicano, encargada de implementar y coordinar proyectos tecnológicos dentro del sector público.

Entre sus responsabilidades, se encuentra asesorar a otras instituciones gubernamentales, gestionar proyectos de TIC, y promover el uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los servicios públicos y fomentar el desarrollo económico.

En este caso, el Partido GenS señala que, a pesar de las funciones bien definidas de la Octig, no se siguieron los procedimientos establecidos para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos de TIC dentro del gobierno, lo que podría haber llevado a una utilización indebida de los recursos destinados para tales fines.

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