Por: Fidel Lorenzo
Panorama Opinión. Desde su creación oficial en el año 2005, el Consejo Económico y Social (CES) de la República Dominicana se ha consolidado como una de las principales plataformas institucionales para el diálogo democrático, la concertación social y el consenso nacional. Con un carácter constitucional otorgado en la reforma de 2010 y reforzado jurídicamente mediante la Ley Orgánica No. 142-15, el CES representa una conquista del modelo participativo de gobernanza que debe ser resguardada con el máximo respeto institucional.
El CES fue oficialmente instituido mediante decreto en 2005, pero su real consolidación normativa llegó con la Ley No. 142-15, que establece su carácter orgánico y define sus funciones, composición y procedimientos. La Constitución de 2010 le confiere rango constitucional como órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, posicionándolo como un espacio formal de interlocución entre el Estado, los sectores empresariales, los trabajadores y la sociedad civil.
Durante la crisis política de 2012, el CES jugó un rol fundamental como mediador y espacio de diálogo entre los distintos actores políticos y sociales. Su intervención ayudó a encauzar el conflicto a través de canales institucionales y pacíficos, reafirmando su papel como garante del consenso en situaciones de alta tensión nacional.
La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), promulgada en 2012, identifica tres grandes pactos nacionales: el pacto fiscal, el pacto por la educación y el pacto eléctrico. El CES fue el escenario natural para las discusiones de estos compromisos, dada su legitimidad, su composición plural y su capacidad para articular intereses diversos en torno al interés nacional. El éxito parcial y los desafíos aún pendientes en torno a estos pactos no invalidan el valor del CES como foro fundamental para la construcción de políticas públicas sostenibles.
El CES no es un foro cualquiera. Es un órgano de naturaleza constitucional cuya legitimidad descansa en la representatividad y la formalidad de sus procesos. Cualquier acción dirigida a sus miembros debe regirse por las normas del debido respeto institucional. Relajar ese espacio implica desestimar el valor del diálogo, debilitar el tejido democrático y poner en riesgo la gobernabilidad basada en la concertación.
En momentos en que el país enfrenta desafíos estructurales y cambios vertiginosos, preservar la integridad del CES no es solo un imperativo jurídico, sino también una responsabilidad ética y política. No podemos permitir que este órgano sea instrumentalizado, deslegitimado o desnaturalizado. El CES debe seguir siendo lo que fue concebido para ser: un punto de encuentro, un espacio de equilibrio y una plataforma de construcción nacional.
