Rodríguez Huerta dice difamación a funcionarios y a particulares no se trata igual
Cristina Mendoza | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional. El abogado Olivo Rodríguez Huerta afirmó que las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la difamación e injuria contra funcionarios públicos constituyen uno de los aspectos que mayor debate han generado, al considerar que se trata de un tema sensible por su impacto en la libertad de expresión y la vida democrática.
Durante una entrevista en la transmisión especial de Medios Panorama sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, Rodríguez sostuvo que existe una amplia doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que establece un tratamiento diferenciado cuando las denuncias o críticas involucran a funcionarios públicos.
Explicó que, aunque los hechos difamatorios e injuriosos deben ser sancionados, desde hace décadas se reconoce una diferencia entre los casos que afectan a servidores públicos y aquellos que involucran a personas privadas.
«Siempre se ha hecho una separación con aquellas personas que participan activamente en la gestión pública y los sujetos privados», señaló.
El jurista indicó que quienes ejercen funciones públicas están sometidos a un mayor nivel de escrutinio ciudadano, por lo que el sistema sancionador no puede ser igual al que protege la vida privada de un ciudadano común.
Rodríguez recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre esta materia e, incluso, se ha debatido la despenalización de ciertos casos relacionados con expresiones dirigidas a funcionarios públicos.
Asimismo, sostuvo que en una democracia resulta indispensable garantizar que periodistas y comunicadores puedan divulgar información de interés público sin temor a enfrentar sanciones severas por errores o inexactitudes que no hayan sido emitidos con intención maliciosa.
«En la medida en que se trata de funcionarios públicos, el sistema de consecuencias no puede tener el mismo alcance que si se trata de personas que están siendo afectadas en su vida privada», expresó.
El abogado añadió que, cuando la afectación recae sobre ciudadanos particulares y no guarda relación con asuntos de interés público, sí se justifica un mayor nivel de protección jurídica frente a la difamación e injuria.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del debate generado por las disposiciones del nuevo Código Penal referentes a los delitos contra el honor y su posible impacto sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
