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Ricardo Nieves revela fiscal habría exigido un Mercedes Benz, un Rolex y U$200 mil

Ricardo Nieves revela cosas del fiscal--.
El periodista lamenta que esta situación cause daño personal y familiar y un mal ejemplo para los profesionales del Derecho. (Panorama).
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Panorama Nacional.  Ricardo Nieves informó este lunes que el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, además, de los U$10 mil, pidió un vehículo Mercedes Benz, un reloj de la marca Rolex y 200 mil dólares más, supuestamente, en negociación con un encartado por el Ministerio Público.

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“A este muchacho de la confianza de la Pepca le montaron un gancho, aparente o supuestamente, por una persona investigada por un caso, la información que tengo es que lo grabaron y le dieron seguimiento. Fue detenido en flagrancia, en el momento que recibiría el dinero”, explicó el periodista.

Nieves reconoció que este caso aporta fealdad al Ministerio Público, tan enlodado, “qué vergüenza personal, familiar, profesional y social. ¡Qué hecho tan deleznable! ¡Tan protervo, tan bajo! Y el que persigue el delito, termine cometiéndolo”.

Valoró la estrategia implementada por el Ministerio Público para desmontar su esquema de corrupción, “y lo agarró con las manos en la masa. Ahora pierde su carrera y su profesión, pierde todo respeto social, daña a su familia de alguna manera es una frustración para su gente y su comunidad”.

Contexto

El arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de “gestionar y recibir” una entrega controlada de 10 mil dólares de una persona bajo investigación, ha generado un fuerte impacto dentro del sistema judicial dominicano, no solo por la gravedad del señalamiento, sino por el historial del funcionario en algunos de los casos más emblemáticos de la lucha contra la corrupción en el país.

La detención fue confirmada por la Procuraduría General de la República, que explicó que, al imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, se le ocupó el dinero recibido durante una operación autorizada por un juez. La investigación es encabezada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso, y en las próximas horas se solicitará medida de coerción en su contra.

Un fiscal de casos clave

Valdez Alcántara fue designado en la Pepca en septiembre de 2020, como parte del equipo que acompañaría al titular Wilson Camacho y a Reynoso, entonces directora de Persecución. Desde ese momento, su nombre comenzó a figurar en investigaciones de alto perfil vinculadas a presuntos actos de corrupción administrativa.

Entre los expedientes más relevantes en los que participó figura el caso de Los Tres Brazos, un proceso judicial que involucró la supuesta venta irregular de terrenos estatales valorados en unos 5 mil millones de pesos. En este caso, el equipo del Ministerio Público —del que formaba parte Valdez— enfrentó reveses judiciales, incluyendo un “no ha lugar” en 2022. Sin embargo, en 2025, la Suprema Corte de Justicia ordenó reabrir el proceso mediante una nueva audiencia.

Condenas y procesos emblemáticos

El ahora imputado también tuvo participación en el caso Fodearte, donde logró la confirmación de la condena contra la exfuncionaria Octavia Angélica Medina Guerrero, sentenciada a tres años de prisión por un fraude de ocho millones de pesos.

Asimismo, integró el equipo que llevó a condenas en el caso de malversación de fondos en el Ministerio de Agricultura, donde fueron sentenciados Julio Enrique Domínguez Solano (Julito) y Antonio José Paredes Elizondo por sustraer más de RD$3.8 millones mediante maniobras fraudulentas.

Otro de los procesos de mayor relevancia en los que participó es la Operación Medusa, uno de los expedientes más complejos del país, que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.

De igual forma, Valdez formó parte del equipo que representó al Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, y otros implicados.

Un giro que pone en tela de juicio el sistema

El arresto de Valdez Alcántara marca un giro inesperado en la narrativa de un funcionario que, hasta ahora, había estado del lado de la persecución penal. Su caso abre interrogantes sobre los controles internos dentro del Ministerio Público y los riesgos de corrupción dentro de los propios órganos encargados de combatirla.

Aunque aún se desconocen muchos detalles del expediente en su contra, el señalamiento de haber recibido dinero de una persona investigada —en el contexto de una entrega controlada— coloca el foco en posibles prácticas irregulares en procesos sensibles.

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