Panorama Nacional. La República Dominicana enfrenta una crisis silenciosa pero creciente en el área de salud mental: apenas 300 psiquiatras están disponibles para atender a más de 11 millones de habitantes. Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se requieren entre 1,100 y 1,200 especialistas para una cobertura adecuada.
“Además del déficit, existe una preocupante concentración de los pocos profesionales en las grandes ciudades, lo que deja vastas zonas del país sin acceso a atención psiquiátrica”, advirtió el doctor Víctor Luis Figueroa, reconocido psiquiatra dominicano.
Pero el problema no se limita a la escasez de personal. La precariedad presupuestaria también impide ofrecer un servicio eficiente. “La OMS recomienda que entre el 5 % y el 10 % del presupuesto nacional de salud se destine a salud mental, o al menos un mínimo del 3 %. Sin embargo, en nuestro país se invierte menos del 1 %”, denunció Figueroa. Esta insuficiencia de recursos afecta la capacidad de respuesta del sistema público ante el incremento sostenido de la demanda.
La falta de cobertura estatal obliga a muchos pacientes a buscar ayuda en el sector privado, donde los costos resultan inaccesibles para la mayoría. Una consulta con un psiquiatra puede costar entre 4,000 y 6,000 pesos, es decir, cerca de un tercio del salario mínimo en las microempresas, que actualmente es de 15,860 pesos y a esto se suma que muchos especialistas no aceptan seguros médicos. La situación se vuelve aún más crítica en casos de internamiento, cuyo costo los convierte en un privilegio reservado solo para quienes pueden pagarlo.
Joel Batista, un ciudadano con su madre diagnosticada con esquizofrenia, explicó que el tratamiento de medicamentos cuesta 20 mil pesos mensuales. En un centro privado donde averiguó para internarla, le exigieron un depósito de 50 mil pesos y un pago diario de 3 mil, algo totalmente fuera de su presupuesto.
Esta situación afecta directamente a las familias de los pacientes, quienes no encuentran respaldo suficiente por parte del Estado. “Por eso es que tantas personas con problemas de salud mental terminan encadenadas o deambulando por las calles”, relata Florangel quien asegura que mantener a un paciente en tratamiento implica dejar el trabajo para poder cuidarlo.
La señora Belkis Feliz ayuda de manera voluntaria llevando a pacientes a las consultas medicas y relató que, recientemente, le indicaron realizarle unos estudios a uno de ellos. En el Hospital Salvador B. Gautier, el equipo estaba dañado, por lo que tuvo que acudir a un centro privado. En dicho centro pudo medicar al paciente gracias a que una visitadora médica le regaló los fármacos. “La situación es tan difícil que en las unidades de atención en crisis nunca hay camas disponibles para estabilizar a un paciente”, lamentó.
Desde el Servicio Nacional de Salud (SNS), la doctora Yocasta Lara, directora general de Centros Hospitalarios, reconoció el déficit de especialistas y la dificultad de atraer psiquiatras al sistema público. “Contamos con muy pocos psiquiatras y, si no desean integrarse al servicio público, no podemos obligarlos”, expresó. Añadió que, aunque se han incrementado los nombramientos de psicólogos, estos no cubren todos los componentes clínicos que requieren los pacientes con trastornos mentales severos. “La psiquiatría es un nivel de atención más profundo”, puntualizó.
Solo 11 unidades de intervención en crisis operan en el país, con hasta 10 camas por centro
En cuanto a infraestructura, Lara informó que de las nueve regionales del SNS, solo siete cuentan con camas para internamientos por salud mental. A nivel nacional, apenas existen 11 unidades de intervención en crisis, cada una con un promedio de entre 8 y 10 camas, lo cual es claramente insuficiente ante la creciente demanda.
Esta alarmante situación fue expuesta en un reportaje presentado en el programa Toda la Verdad, que conduce la periodista Odalis Castillo y se transmite los domingos a las 8:00 de la noche por el canal VTV 32 de Multimedios Panorama. El trabajo periodístico subrayó la urgencia de una intervención estatal efectiva en el sistema de salud mental para que los menos pudientes puedan acceder a portunidad de cuidado para sus pacientes.