Raúl Martínez afirma que las pensiones indiscriminadas son armas políticas en el PRM

•  El jurídico dice que afectan al gasto público y privilegia a personas sin evidencias de arraigo o trayectoria laboral en el Estado.

Panorama Nacional.   El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, reveló este miércoles en el Panorama de la Mañana, que las pensiones indiscriminadas están siendo usadas como armas políticas desde las figuras y funcionarios con poder.

El exfiscal por la provincia de Santiago de los Caballeros admitió que el tema de las pensiones indiscriminadas o preferenciales le preocupa, pues, interpela la calidad del gasto público y que han sido otorgadas al margen de lo que establece la ley sobre pensiones a servidores públicos o del Estado.

“En el Gobierno del PRM eso se ha masificado y se ha convertido en un arma política como no pueden incorporar a la nómina pública a esas personas, lo que hacen es que le crean pensiones especiales con decretos curiosos”, aclaró Martínez.

El miembro político de la FP en Santiago advirtió que las pensiones irregulares como fraude no generan derecho, “es muy probable que se evalúen caso por caso, naturalmente, cada uno porque si hay personas que cumplieron con los requisitos”.

Los tipos de pensiones

El abogado aclaró que el presidente de la República no posee facultad alguna para asignar pensiones.

Las pensiones existen de acuerdo a la Ley Núm 87-01 de Seguridad Social como la pensión solidaria que llega a menos de seis mil pesos destinadas a envejecientes que reposan en los registros públicos y que no tengan medios de sustento.

Además, existen leyes especiales como la del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano que, autoriza al Ejecutivo a concederle a atletas de alto rendimiento pensiones, “pero, son excepciones”.

“Aquí hay decretos con 300 personas pensionadas donde no se justifica porque usted tiene una pensión, en muchos casos el decreto no lo dice, no sabemos de esa persona”, explicó el político.

 Trasfondo político

En la República Dominicana, las pensiones son la columna vertebral de la protección social, ya que garantizan ingresos para una vejez digna, reducen la pobreza y fomentan la estabilidad familiar. Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos críticos para asegurar que estos beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, libres de influencias políticas. 

Importancia del sistema de pensiones

Seguridad en la vejez: Permite que los trabajadores ahorren durante su vida productiva para enfrentar etapas de vulnerabilidad.

Reducción de la desigualdad: Especialmente a través del Régimen Subsidiado, que otorga pensiones solidarias de RD$6,000 mensuales a los sectores más pobres.

Estabilidad económica: Inyecta recursos al consumo y fortalece la cohesión social al evitar la exclusión de los adultos mayores. 

Desafíos: Nepotismo y Clientelismo

El riesgo de que las pensiones se utilicen como moneda de cambio político o beneficio para allegados («pensiones especiales» o por decreto) es una preocupación latente. Para alejarlas de estas prácticas, se están implementando y proponiendo las siguientes medidas: 

Validación vía Siuben: El uso del Sistema de Beneficiarios (Siuben) es obligatorio para asegurar que las pensiones solidarias se otorguen solo a personas que cumplan con requisitos socioeconómicos estrictos de vulnerabilidad.

Institucionalización y Normativa: Fortalecer el cumplimiento de la Ley 87-01, que establece principios de universalidad y equidad, minimizando la discrecionalidad en la asignación de fondos.

Modernización y Transparencia: La Superintendencia de Pensiones (Sipen) debate actualmente reformas para hacer el sistema más sostenible y transparente, buscando que el otorgamiento sea automático por mérito o necesidad validada, no por vínculos políticos.

Combate a la Informalidad: Con más del 55% de informalidad laboral, muchos ciudadanos quedan fuera del sistema formal, lo que aumenta la presión para buscar pensiones «por favor» o decreto. Formalizar el empleo es clave para que el derecho sea automático y no una concesión política.