Panorama Opinión. Los compromisos asumidos como Estado en el marco de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han impulsado las contrataciones públicas para avanzar hacia el cumplimiento de sus 17 objetivos, principalmente, el ODS 11 sobre “Ciudades y comunidades sostenibles”, y ODS 12, relacionado con la “Producción y consumo responsables”, buscan promover prácticas de adquisiciones sostenibles alineadas con las políticas nacionales. Este enfoque se refleja en los Ejes 3 y 4 de la Ley núm. 1-12, que promueve compras públicas estratégicas para el desarrollo, con énfasis en la economía sostenible e innovadora (Eje 3) y la sostenibilidad ambiental en la gestión estatal (Eje 4). Otros objetivos más transversales como el ODS 5 sobre “Igualdad de Género”, el ODS 8 relativo al “Trabajo decente y crecimiento económico” y el ODS 10, respecto a la “Reducción de desigualdades”, se fomentan a través de adquisiciones que establecen requisitos de responsabilidad social.
Las compras públicas estratégicas no se limitan únicamente a las compras verdes o ecológicas, es decir, aquellas orientadas a promover la sostenibilidad ambiental, su ámbito es mucho más amplio. En el Decreto núm. 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras públicas sostenibles e inclusivas, se reconoce que por medio a las contrataciones públicas se puede generar un triple impacto positivo, tanto para la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y para la sostenibilidad social.
En la compra pública estratégica la finalidad es tomar decisiones más acertadas mediante el diseño de procedimientos más orientados estratégicamente. Por lo cual, se deben realizar los estudios previos, tal como lo establece el artículo 85 del Reglamento núm. 52-26 de compras y contrataciones y el “Manual metodológico para el diseño y elaboración de estudios previos” de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Este objetivo se alcanza en gran medida a través de un adecuado diseño de los pliegos de condiciones, con una selección de criterios alineados con la sostenibilidad y con una adjudicación basada en valor por dinero.
En resumen, las compras públicas estratégicas representan un cambio necesario y fundamental en la forma en que el Estado debe abordar la adquisición de bienes, obras y servicios. Al incorporar criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, estas compras no solo permiten cumplir con los ODS, sino que también promueven el desarrollo inclusivo y la responsabilidad social.
