Qué dice el polémico proyecto de ley sobre libertad de expresión que ha desatado inquietud en los medios de comunicación
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional. El presidente Luis Abinader depositó ante el Senado de la República Dominicana,el pasado 2 de mayo, el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios, documento que cuenta con 28 páginas centradas en regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones.
Con la finalidad de resguardad ¨todos los derechos conexos a la comunicación social y el periodismo, de conformidad con las reglas del ordenamiento jurídico dominicano sobre acceso a la información, así como los procedimientos administrativos y jurisdiccionales para la protección de los derechos de todas las partes envueltas en el proceso de búsqueda, recepción y difusión de ideas, datos e informaciones¨.
De acuerdo al documento, la ley tendría alcance en todo el territorio nacional a partir de su entrada en vigor, y generarán derechos y obligaciones para todas las personas públicas o privadas que interactúen en dicho espacio.
El proyecto de ley está compuesto de 75 artículos y nueve títulos de ley que incluyen: la libertad de expresión, el derecho a la comunicación social, la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), como órgano regulador del complimiento de la ley.
En la normativa incluye, además, una calificación de obras de cine y teatro que deberá de solicitarse ante el Inacom, antes de ser exhibidas; las condiciones y procedimientos en los que se exime la libertad de expresión frente al honor, la intimidad y la propia imagen; y el régimen de sanción; y disposiciones especiales y transitorias.
La novedad del proyecto sería el Inacom, institución que asumiría las funciones de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, teniendo un rango de acción más amplio, en el que están las redes sociales.
La propuesta de ley indica que el Inacom se financiará de las siguientes fuentes: a) las asignaciones presupuestarias que disponga la ley de presupuesto general del Estado y, b) cualquier otra fuente de fondos y cooperación internacional, de conformidad con la ley.
