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Decenas de miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones se han concentrado este miércoles en el centro de Buenos Aires para pedir que se frene un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino.
La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina.
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La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido.
Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”.
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Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso.
El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete.
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El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales.
FUENTE: EL PAÍS