Panorama Judicial. -La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventivaa Héctor Antonio Lora Crucetay a su esposa Luisa Yasiris Guzmán, acusados de integrar una estructura que presuntamente defraudó al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer mediante maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La jueza Stephanie Santiago Reyes declaró el caso complejo y ordenó que ambos imputados cumplan la medida de coerción en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, mientras que Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, deberá cumplir arresto domiciliario.
Tras la decisión, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó que el tribunal acogió en su totalidad la solicitud presentada por el Ministerio Público y adelantó que la investigación continúa.
«Seguiremos investigando, habrá más imputados», afirmó la procuradora.
Ortiz explicó que el tribunal consideró que la solicitud de medida de coerción estuvo sustentada con pruebas periciales suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos investigados.
Según el órgano persecutot, la investigación de la Operación Onco 14 reveló un esquema de fraude que incluía el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsificados, doble facturación al Senasa, entrega incompleta de medicamentos, venta de fármacos donados, contrabando con exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, utilización de instalaciones del instituto para cirugías estéticas, reembolsos fraudulentos, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Las autoridades sostienen que los imputados desviaron recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer mediante las empresas Vargas Lora & Asociados(hoyVargas Guzmán Accounting Center) y laFundación Tócate RD-Casa de Acogida, además de cobrar al Senasa por medicamentos y servicios que presuntamente nunca fueron suministrados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
El Ministerio Público también atribuye a los procesados la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios económicos irregulares, así como el soborno a distribuidoras de medicamentos para facilitar las operaciones fraudulentas.