Panorama Opinión. En un momento en que la República Dominicana atraviesa una de sus etapas más delicadas en materia de corrupción, el Poder Ejecutivo emite el Decreto núm. 517-25, una decisión que, lejos de fortalecer la institucionalidad, parece ignorar el clamor ciudadano por transparencia y ética pública.
Este decreto, publicado mientras se ventilan casos graves de malversación, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos, genera legítimas dudas sobre las prioridades del Gobierno. ¿Es este el momento adecuado para consolidar estructuras administrativas o realizar nombramientos que podrían responder más a intereses políticos que al mérito?
La ciudadanía exige reformas, no maniobras. Exige justicia, no decretos estratégicos. Y sobre todo, exige que cada acción del Estado esté orientada a recuperar la confianza perdida, no a profundizar la percepción de impunidad.
Emitir este tipo de decretos en medio de una crisis ética nacional no solo es inoportuno, sino también irresponsable. La historia no se escribe con propaganda, sino con decisiones valientes que respondan al interés colectivo.
Por César Fernández
