Pepca presenta acusación contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso de la Operación Camaleón
Medios Panorama | | 3 mins de lectura 
Panorama Judicial.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal acusación contra diez personas físicas y siete empresas por su presunta vinculación con una red de corrupción administrativa, fraude y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón, que involucra al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y al Ministerio de Defensa.
Entre los principales acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del mismo organismo.
También fueron imputados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., señaladas como vehículos para el desvío de fondos públicos y el lavado de activos.
La acusación, firmada por la procuradora Mirna Ortiz junto a los fiscales Héctor García Acevedo, Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Féliz y Enmanuel Ramírez, establece que el grupo cometió corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, sabotaje tecnológico, contrabando, falsificación y lavado de activos, entre otros delitos.
Según la investigación, el eje central del entramado es José Ángel Gómez Canaán, quien mantendría vínculos financieros y societarios con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix, utilizadas para controlar sistemas tecnológicos del Estado y lavar fondos provenientes de contratos fraudulentos.
El Ministerio Público detalla que Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones irregulares a empresas sin capacidad técnica, mientras que Frank Díaz Warden y otros funcionarios manipularon licitaciones y decisiones del Comité de Compras para beneficiar a las compañías del esquema.
Asimismo, se comprobó que Transcore Latam controlaba la red semafórica del Gran Santo Domingo, PagoRD Xchange manejaba ingresos públicos para la adquisición de bienes de lujo, y Aurix S.A.S. se dedicaba a operaciones de espionaje y sabotaje tecnológico.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra Beras, Gómez Canaán, Padovani, Baquero, Díaz Warden, Álvarez Carbuccia y Peguero Vargas.
Los imputados enfrentan cargos sustentados en múltiples leyes, entre ellas los artículos 146 de la Constitución, 123, 124, 171, 172, 265 y 405 del Código Penal, así como las leyes 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, 17-19 sobre Contrabando y Falsificación, 155-17 sobre Lavado de Activos, y 267-08 sobre Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
