Por: Elvin Castillo
Panorama Opinión._ El asesinato de un adolescente dominicano de apenas 14 años en Los Mina, presuntamente a manos de nacionales haitianos indocumentados, ha provocado una conmoción profunda en el alma nacional. No existe dolor más grande que el de unos padres que pierden a su hijo de forma violenta. No existe indignación más legítima que la de un pueblo que siente que su seguridad, su soberanía y su orden han sido vulnerados durante demasiado tiempo.
Este hecho no es un episodio aislado en la conciencia colectiva dominicana. Es la chispa que enciende una frustración acumulada durante décadas. Es el resultado de un desorden migratorio histórico que el Estado dominicano nunca enfrentó con la firmeza, continuidad y visión estratégica que requería.
En ese vacío han surgido organizaciones como la Antigua Orden Dominicana, que han logrado canalizar un sentimiento patriótico real, profundo y legítimo que vive en el corazón de millones de dominicanos. Y debo decirlo sin ambigüedades: apoyo los principios y preceptos fundamentales de la Antigua Orden Dominicana. Los apoyo porque han despertado la conciencia nacional, porque han presionado para que el tema migratorio no siga siendo ignorado y porque han contribuido a fortalecer el espíritu de defensa de nuestra soberanía.
Me siento profundamente dominicano. Más dominicano que cualquier circunstancia. Y como muchos compatriotas, estaría dispuesto a dar mi vida por defender esta nación.
Pero, precisamente por ese amor profundo por la República Dominicana, también entiendo que debemos actuar con racionalidad, con inteligencia y con responsabilidad histórica.
El patriotismo verdadero no es irracional. Es estratégico.
Debemos partir de una realidad objetiva. Es imposible pretender que en la República Dominicana no haya presencia de trabajadores extranjeros, particularmente haitianos. Sectores fundamentales de nuestra economía, como la construcción y la agricultura, dependen en gran medida de esa mano de obra. Negar esa realidad sería desconocer el funcionamiento mismo de nuestra estructura productiva.
La solución no es la negación. La solución es el orden.
El Estado dominicano debe ejecutar de manera urgente un censo migratorio nacional real, serio y definitivo. Debe determinar cuántos trabajadores extranjeros necesita nuestra economía, regularizarlos mediante permisos de trabajo formales, someterlos plenamente al marco jurídico dominicano y garantizar que su presencia responda exclusivamente al interés nacional.
Y todos aquellos que permanezcan en condición ilegal y que no formen parte de esa necesidad económica deben abandonar el territorio nacional conforme a la ley.
Ese es el derecho soberano de cualquier nación.
Pero también debemos reconocer una realidad extraordinaria: Haití, hoy, no es un Estado funcional. Es un territorio sumido en el colapso institucional, controlado en gran parte por estructuras criminales, sin capacidad real de absorber deportaciones masivas de forma ordenada y sostenible.
Pretender que la República Dominicana resuelva en solitario una crisis de esa magnitud es simplemente absurdo e injusto.
Por eso, la solución debe ser también internacional.
La República Dominicana debe lanzar una ofensiva diplomática agresiva, firme, sostenida y estratégica para obligar a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad. No se trata de pedir favores. Se trata de exigir corresponsabilidad.
Nuestro país debe llevar este tema a todos los foros internacionales: a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a la Comunidad Europea, al CARICOM, al Congreso de los Estados Unidos, al Parlamento Europeo y a cada espacio donde se toman decisiones globales.
Debemos construir una narrativa clara, firme e innegociable: la crisis haitiana no es un problema dominicano. Es un problema internacional.
Y, como problema internacional, requiere una solución internacional.
Las grandes potencias que han tenido un rol histórico directo en la realidad haitiana deben asumir una cuota proporcional de esa responsabilidad. Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, México y las principales economías del mundo deben implementar programas de acogida, permisos de trabajo temporales y mecanismos de distribución migratoria equitativa que permitan aliviar la presión que hoy recae desproporcionadamente sobre la República Dominicana.
No es aceptable que un país pequeño cargue solo con el peso de una de las mayores crisis humanitarias del hemisferio.
Nosotros debemos quedarnos con los trabajadores que nuestra economía necesita, bajo control legal, bajo permisos formales y bajo el absoluto dominio del Estado dominicano. Y todos los demás, independientemente de su nacionalidad, deben salir del territorio nacional conforme a nuestras leyes.
Pero todo esto debe hacerse desde el Estado.
Apoyo la Antigua Orden Dominicana. Apoyo su derecho a marchar, a protestar y a presionar. Apoyo su rol como fuerza social que exige orden y soberanía.
Pero no apoyo, ni apoyaré jamás, que ningún grupo civil suplante el rol del Estado.
Porque el día que los ciudadanos comienzan a ejecutar funciones que corresponden exclusivamente al Estado, ese día comienza el colapso de la República.
La defensa de la patria no se hace desde la anarquía. Se hace desde la institucionalidad.
Podemos ser firmes sin ser irracionales. Podemos ser patriotas sin ser violentos. Podemos defender nuestro país sin destruir el orden que lo sostiene.
La República Dominicana tiene derecho a proteger su soberanía. Tiene derecho a decidir quién entra y quién permanece en su territorio. Tiene derecho a exigir respeto.
Pero debe hacerlo como lo que es.
Una nación soberana.
Una nación civilizada.
Una República.
