Panorama Nacional. El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, consideró que la sociedad desaprovechó el año otorgado antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal para estudiar su contenido y plantear observaciones durante ese período.
Durante una entrevista en la cobertura especial de Medios Panorama sobre la entrada en vigencia de la nueva legislación, Ulloa explicó que durante la elaboración del Código Penal sí se realizaron consultas con distintos sectores, aunque precisó que la redacción definitiva fue una decisión exclusiva del Congreso Nacional.
«Hubo consulta al momento de generar la ley del 2025. Ahora, la redacción es soberana de los legisladores», afirmó.
Al ser cuestionado sobre si la sociedad dejó pasar el tiempo que tuvo para revisar el contenido del Código y si «nos dormimos», respondió: «Yo creo que sí».
El defensor del Pueblo sostuvo que, durante ese período, distintas instituciones impulsaron espacios de análisis y jornadas para explicar el alcance de la nueva legislación. En ese sentido, felicitó a los medios de comunicación que promovieron debates públicos para contribuir a la comprensión del Código Penal.
Asimismo, opinó que los principales gremios profesionales también debieron involucrarse más activamente en la revisión de la normativa antes de su entrada en vigencia.
Citó como ejemplo al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), al Colegio Médico Dominicano (CMD) y a los gremios de ingenieros, al considerar que estas organizaciones no solo deben comprender el contenido de la legislación, sino también reflexionar sobre por qué no realizaron sus propios ejercicios de análisis durante ese año.
«Mira, el Colegio de Periodistas, el Colegio de Médicos y la parte desde el punto de vista de los ingenieros tienen que entender la lectura del Código, pero también internamente tienen que hacer una reflexión de por qué no hicieron los ejercicios propios en este proceso de un año completo», expresó.
Las declaraciones de Ulloa se suman alas ofrecidas este lunes por diferentes personalidades que se unen al debate generado por varios artículos del nuevo Código Penal, especialmente los relacionados con la difamación e injuria, que han provocado cuestionamientos por parte de periodistas y otros sectores sobre su posible impacto en el ejercicio de la libertad de expresión.