Operación Onco14: solicitan prisión preventiva para tres acusados de estafar al Instituto Oncológico del Cibao
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Justicia._ El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra tres imputados señalados de integrar una estructura que habría desviado millones de pesos destinados a la atención de pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). El órgano acusador también pidió que el proceso sea declarado complejo debido a la magnitud de las operaciones fraudulentas investigadas.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, así como contra Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Según la investigación, los tres participaron en un esquema que afectó recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y perjudicó a pacientes del régimen subsidiado.
De acuerdo con el expediente, la presunta red ejecutó múltiples maniobras irregulares para apropiarse de fondos públicos destinados a tratamientos oncológicos. Entre las prácticas investigadas figuran reembolsos fraudulentos, gastos de representación injustificados, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Las autoridades también atribuyen a los imputados un entramado de fraude clínico y farmacéutico que incluía la alteración de indicaciones médicas, el uso de sellos falsificados, la doble facturación al Senasa y la entrega incompleta de medicamentos. Asimismo, se investigan la venta de medicamentos donados, el contrabando mediante exoneraciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.
Los acusados fueron arrestados durante la Operación Onco14, desplegada por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago. Durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, equipos electrónicos y otras evidencias vinculadas al caso.
El Ministerio Público sostiene que la estructura operó con la participación de otros empleados y colaboradores que actuaban de manera coordinada para desviar los recursos administrados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Dichos fondos estaban destinados a garantizar la atención médica de pacientes oncológicos asistidos en el centro de salud.
Las investigaciones apuntan a que Héctor Antonio Lora Cruceta mantuvo el control administrativo del instituto más allá del período establecido en los estatutos, con el propósito de disponer de sus recursos económicos. Los imputados deberán responder por cargos que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
