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Operación Gaviota: Abogados de víctimas de estafa advierten llegarán a las últimas consecuencias para que sus clientes sean indemnizados

Operación Gaviota: Abogados de víctimas de estafa advierten llegarán a las últimas consecuencias para que sus clientes sean indemnizados
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Panorama Nacional. Abogados representantes de las diferentes victimas afectadas dentro de la Operación Gaviota aseguran que pese al poco apoyo de las autoridades harán todo lo posible para que el caso se resuelva en favor de los estafados.

Aconsejan la utilización del uso de firmas de abogados privados, ante el desamparo que sienten por parte del Ministerio Publico.

“Marcaremos un precedente como defensores, haremos lo posible para que se haga justicia en este caso”, dijo un representante legal.

Los abogados critican que la justicia dominicana limita los procesos buscando que las victimas pierdan el deseo de asistir a las audiencias y el caso perezca.

Los estafados exigen penas ejemplares para los imputados y búsqueda de los prófugos además retribución de los ingress económicos que se encuentran en manos de los estfadortes

A través de la firma Investor Winner, con más de 3,000 millones de pesos, ejercieron en un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía a las víctimas un rendimiento mensual de entre 10% y 30%.

Su modo de operar era la constitución de empresas fantasmas, donde la gente invertía un dinero con la promesa de crecer económicamente, pero fueron defraudados.

La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso a Ángel Martínez la presentación periódica, el impedimento de salida del país y una garantía económica de RD$500,000, por la imputación de difamación e injuria contra la ministra Faride Raful.

Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.

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