Santiago de los Caballeros.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó medidas de prisión preventiva a los imputados de ¨Operación Colibrí¨. Los líderes de la supuesta red criminal se enfrentan a acusaciones que incluyen la falsificación de documentos públicos y otros crímenes graves.
La jueza Iris Sugelly Borgen Santana, encargada del caso, ha declarado el proceso como complejo, imponiendo una prisión preventiva de 18 meses a los procesados. La magistrada ha subrayado la estrecha vinculación entre los implicados, y afirmó que este tipo de organizaciones no surgen de la noche a la mañana.
Los individuos sometidos a prisión preventiva incluyen a Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elias Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomas Enmanuel Rodríguez Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Reyes y José Carlos Montero Troncoso.
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Además de la prisión, la jueza ha impuesto garantías económicas de RD$ 500 mil a saldar mediante contratos para otros acusados. Este grupo de imputados tiene la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía los días 17 de cada mes y no pueden abandonar el país sin una orden judicial previa.
En una próxima audiencia, el tribunal evaluará la solicitud de med
ida de coerción contra Fausto Merán, quien será asistido por un defensor público, ya que su defensa técnica abandonó el proceso en una etapa crucial.
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Los cargos presentados contra los implicados incluyen la falsificación de actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, y otros documentos públicos. El Ministerio Público ha destacado que tres de los acusados admitieron los delitos y se han comprometido a colaborar con la investigación.
Como parte de las pruebas materiales, el Ministerio Público ha aportado elementos como plásticos para la impresión de cédulas, carnets, licencias de conducir y para el porte de armas de fuego, así como títulos de propiedad falsificados, demostrando de manera irrefutable la implicación de los detenidos en los hechos.
Los imputados se enfrentan a una serie de cargos penales que incluyen violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales, y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Además, José Alfonso Acevedo García enfrenta cargos adicionales por violar la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.