Ministerio Público denuncia táctica dilatoria en caso de trata de personas
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Judicial.- El Ministerio Público denunció este miércoles que la recusación presentada contra las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional responde a una estrategia dilatoria de la defensa de María Paula Murillo Vargas y otros dos imputados en la red de trata de personas desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
El procurador fiscal Eduardo Velázquez explicó que la recusación se basa en un supuesto alegato de imparcialidad luego de que el tribunal rechazara un recurso de oposición de la defensa, el cual buscaba impedir la incorporación de discos duros con evidencias clave, como fotografías, conversaciones y otros documentos relacionados con la explotación sexual y el tráfico de personas.
“En virtud de esa decisión, las defensas recurrieron a la vieja táctica dilatoria de la recusación, con el único propósito de retrasar el proceso, pues saben que la acusación contra cada uno de los imputados es indestructible y que recibirán una condena segura”, indicó Velázquez.
El fiscal añadió que el perito Ogando autenticó los informes periciales, validando la información contenida en los discos duros. Sin embargo, la defensa intentó alegar que no había sido notificada de estas pruebas, a pesar de que fueron debidamente comunicadas en la fase intermedia del proceso.
Como consecuencia de la recusación, la audiencia fue recesada hasta que la corte decida sobre la solicitud de apartar a las juezas del juicio, el cual se encuentra en su etapa final.
Acusación y cargos contra los imputados
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al tráfico ilícito de migrantes.
Según la investigación, engañaban a mujeres extranjeras con falsas promesas de empleo y posteriormente las sometían a explotación sexual. También enfrentan cargos por asociación de malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos debido a los beneficios económicos obtenidos.
Los acusados en el caso son: José Miguel Michel Gurdis (alias Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, Cristina María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (alias Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (alias Dionis). También figuran Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (alias Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz, Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (alias Gato).
Además, la acusación se extiende a los hoteles Caribe y Oscar, ubicados en el sector Gascue del Distrito Nacional, así como al hotel Coco Real en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
