Minerd deposita demanda contra fumigadoras por intoxicación de estudiantes
Medios Panorama | | 3 mins de lectura 
El Ministerio de Educación (Minerd) informó que ha depositado una demanda contra dos empresas por las fumigaciones aéreas con agrotóxicos, sin previo aviso a las autoridades educativas ni cumplir con los protocolos establecidos.
El Minerd sostiene que las empresas Estación de Fumigación Aérea Angelina y Aeroserva Servicios del Valle, han puesto en riesgo la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo de varios centros educativos del Nordeste del país.
Según declaraciones del consultor jurídico del Minerd, Nelson Rudys Castillo Ogando, ante la persistencia de estas prácticas y su impacto negativo en la comunidad educativa, el Ministerio ha interpuesto una demanda judicial ante la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Esta acción legal busca responsabilizar a las empresas y a cualquier otra persona implicada en estas actividades que atentan contra la salud pública.
«Como no ha habido forma de paralizarlos, hemos tenido que acudir a las instancias judiciales. En anteriores ocasiones habíamos notificado al fiscal de medioambiente de la zona; la directora del distrito se ha encargado de darle un seguimiento a esos temas, pero, ante la persistencia de ellos de descontinuar con esas fumigaciones con agrotóxicos, afectando la salud de toda una comunidad, especialmente, de los centros educativos, hemos tenido que acudir con una demanda contra esas empresas y cualquier otra persona que resulte culpable, porque también se hacen fumigaciones con motobombas que afecta la salud de los estudiante», puntualizó el consultor jurídico del Minerd, Nelson Rudys Castillo Ogando.
Las fumigaciones aéreas han estado afectando a centros educativos ubicados en provincias como Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís y La Vega, entre los que se encuentran el Angélica María Moya, Juan Antonio Alix, Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, Pedro Mir-La Boca y el Gastón Fernando Deligne, pertenecientes al Distrito Educativo 07-05, así como el Celeste Fernández, Fermín Rosario, Juan Sánchez Ramírez y el Rafael Rosario Castellano.
El consultor jurídico explicó que, pese a las advertencias previas y al protocolo establecido en colaboración con el Ministerio de Agricultura, las empresas continuaron con estas actividades sin considerar los riesgos para la salud y la educación de los estudiantes. Como resultado, el Minerd se vio obligado a suspender la docencia en los centros afectados como medida urgente para proteger a la comunidad educativa.
La demanda interpuesta por el Ministerio de Educación también involucra a los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente y Agricultura, así como a Aeronáutica Civil, solicitando su intervención para detener estas fumigaciones que carecen de los permisos y protocolos necesarios.
Dijo que en ocasiones anteriores se había dicho que era posible hacer las fumigaciones los fines de semana cuando no hay clases y que, en caso de ser muy necesario, entonces acordar con el Minerd, con 24 horas de antelación, para que hagan las fumigaciones en horario que no ponga en peligro de intoxicación a los miembros de la comunidad educativa en el tiempo de docencia, «pero debemos tener un protocolo y darle cumplimiento».
«No es posible que desde una aeronave se estén esparciendo agrotóxicos encima de un plantel educativo. La salud de los estudiantes no las puede afectar y tenemos que buscar la solución de este problema antes de que tengamos la infausta noticia de que diez, quince o veinte niños han fallecido por una intoxicación, hay que evitar eso al país, y eso solamente se evita con el cumplimiento de un protocolo que el Ministerio de Educación está dispuesto a cumplir», expresó el consultor jurídico.
Y agregó que: «No tenemos más opción ante la insistencia y la persistencia de las empresas que se dedican a las fumigaciones que someterlas a la acción de la justicia y está estableciendo una demanda en responsabilidad por los daños y perjuicios, y en la responsabilidad patrimonial de los ejecutivos de las empresas porque esto hay que paralizarlo».
