Panorama Nacional. El escándalo que envuelve al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha dejado al descubierto la incapacidad de varios bancos dominicanos para detectar actividades sospechosas vinculadas a fondos presuntamente ilícitos y prevenir el ingreso de los mismos al país.
A pesar de que el español es el centro de una investigación internacional por corrupción, blanqueo de capitales, administración desleal y pertenencia a organización criminal durante su gestión al frente de la RFEF, Rubiales logró abrir cuentas en Banco Popular, Scotiabank, Vimenca, Santa Cruz y otros bancos sin que las alarmas del sistema financiero del país se activaran.
Este desliz plantea preocupantes interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana. De acuerdo con la Ley 155-17, los bancos están obligados a implementar rigurosas políticas de debida diligencia para evitar que fondos de origen dudoso ingresen al sistema financiero. Sin embargo, en este caso, las transacciones de Rubiales y sus socios pasaron por alto, permitiendo que grandes sumas de dinero circularan sin levantar sospechas.
La referida legislación cuyo objetivo principal es la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, obliga a las entidades financieras a implementar controles estrictos sobre sus clientes y a reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Los sujetos obligados financieros incluyen bancos, cooperativas, aseguradoras, casas de cambio y corredores de bolsa.
De acuerdo con esta ley, cualquier persona o empresa vinculada a una investigación penal debe ser tratada con medidas de “debida diligencia intensificada”. Esto significa que los bancos y otras entidades financieras están obligados a recopilar mayor información sobre sus ingresos y transacciones.
Empresas pantalla y la red de testaferros
Una publicación del periódico español El País, reveló que Rubiales, su socio y exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaide, Nene; la esposa de este, Purificación Rufino; un presunto testaferro, Israel Dorado, y la sociedad mercantil Conecta 17 Consulting, todos ellos investigados, tienen a su nombre productos financieros en bancos de la República Dominicana.
Según se ha reseñado en diferentes medios internacionales, a través de transferencias internacionales y el uso de testaferros, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol y sus socios lograron presuntamente desviar grandes sumas de dinero a cuentas en bancos dominicanos.
Las cuentas localizadas han sido bloqueadas, y se han solicitado detalles de las transacciones realizadas desde 2018, año en que Rubiales y el exfutbolista Gerard Piqué impulsaron la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí, un acuerdo que generó 40 millones de euros anuales para la RFEF y cuatro millones de euros en comisiones para la empresa Kosmos, propiedad de Piqué.
Uno de los mecanismos clave de esta operación fue el uso de empresas pantalla y testaferros que, según la investigación, permitieron a Rubiales desviar fondos sin levantar sospechas en las transacciones. Las empresas actuaban como puente para desviar dinero hacia territorio nacional, debido al atractivo de la República Dominicana para la inversión turística, utilizando el país como centro de operaciones para la compra de propiedades y proyectos inmobiliarios.
Se establece que tanto Rubiales como su socio “Nene” habrían invertido grandes cantidades en hoteles ubicados en Punta Cana y en un proyecto de 60 apartamentos de lujo, todo ello bajo el radar de las autoridades financieras hasta que la colaboración internacional reveló las transacciones.
Uno de los elementos más preocupantes del caso es el uso de dinero en efectivo que, según las autoridades, fue transportado al país, eludiendo los controles de las autoridades españolas, lo que sugiere un posible fallo en la supervisión y monitoreo del flujo de capitales.
La debida diligencia en entredicho
El caso Rubiales destaca la importancia de la debida diligencia financiera en las entidades bancarias dominicanas. La llegada de capital extranjero debe estar sujeta a rigurosos controles que permitan detectar actividades sospechosas y evitar que el sistema financiero sea utilizado para el lavado de dinero.
La colaboración entre las autoridades financieras de España y la República Dominicana, así como la respuesta de los bancos dominicanos, será clave para entender hasta qué punto las transacciones pudieron haber pasado desapercibidas.
Es crucial que el sistema financiero del país refuerce sus controles y procesos de monitoreo para garantizar que capitales ilícitos no se integren en la economía local. Este caso ha planteado interrogantes sobre el cumplimiento de las normas de conocimiento del cliente (KYC) y de monitoreo de transacciones inusuales, elementos fundamentales en la lucha contra el lavado de dinero.
La supervisión financiera
La República Dominicana enfrenta un reto crucial: mejorar la efectividad de sus controles financieros y asegurar que su sistema bancario no se convierta en un puerto seguro para el movimiento de capitales sospechosos. Aunque no se puede afirmar que los bancos dominicanos facilitaron actividades ilícitas, lo que está claro es que no fueron capaces de detectar los signos de alerta que debieron haber surgido con un cliente bajo el escrutinio internacional.
La incapacidad de los bancos para detectar las actividades sospechosas de Rubiales y sus socios plantea una advertencia que no puede ignorarse. Es hora de que el sistema financiero refuerce sus barreras y actúe de manera más diligente para evitar que casos similares vuelvan a sacudir su reputación.