Panorama Internacional. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha destapado una alarmante realidad tras su reciente visita a Colombia: miles de cuerpos no identificados estarían almacenados en un hangar del aeropuerto El Dorado en Bogotá, reflejo de un sistema colapsado para manejar las desapariciones forzadas que afectan al país desde la década de 1940.
Este hallazgo se suma a la crisis de cementerios desbordados y crematorios utilizados sin protocolos claros, según reveló el informe preliminar del organismo.
Aunque las desapariciones forzadas en Colombia tienen raíces históricas, el Comité destacó que este crimen sigue ocurriendo diariamente bajo diversas circunstancias.
“Colombia enfrenta un escenario de cuerpos no identificados en suelos, subsuelos, bóvedas y hasta en instalaciones como las llamadas ‘piscinas’. Se estima que en un hangar del aeropuerto El Dorado habría alrededor de 20,000 cuerpos sin identificar”, señaló el organismo internacional.
El Instituto Nacional de Medicina Legal negó conocer la existencia del supuesto hangar y aseguró no haber recibido solicitudes oficiales para investigar dichos casos. En un comunicado, afirmó que “no se tiene registro de cuerpos almacenados en esas condiciones”.
El informe de la ONU reveló que el 98% de los casos de desapariciones forzadas permanecen en la impunidad, una situación que perpetúa el dolor de las familias afectadas.
Además, la inexistencia de un registro centralizado de desaparecidos dificulta dimensionar el problema, con estimaciones que oscilan entre 98,000 y 200,000 personas desaparecidas.
La inseguridad en regiones controladas por grupos armados y criminales, así como el miedo a represalias, limitan las denuncias, afectando especialmente a migrantes, comunidades indígenas y personas LGBTI+.
El Comité instó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a abrir un macrocaso exclusivo sobre desapariciones forzadas, considerando su magnitud y complejidad.
También recomendó fortalecer la coordinación institucional, simplificar trámites legales para las familias y garantizar recursos suficientes para mecanismos de búsqueda y justicia.
“El sistema judicial debe responder con acciones inmediatas y eliminar la superposición burocrática que afecta a las víctimas”, subrayó el Comité, al tiempo que destacó la urgencia de racionalizar las instituciones involucradas en la problemática.
La desaparición forzada afecta a sectores vulnerables como niños, líderes sociales, excombatientes, periodistas y víctimas de trata de personas. Las familias enfrentan obstáculos legales, burocráticos y emocionales que dificultan su acceso a justicia y reparación.
El informe final del Comité será publicado en abril de 2025 y contendrá un análisis detallado y recomendaciones específicas. Entretanto, la ONU busca visibilizar la magnitud de esta crisis y exigir una respuesta contundente de las autoridades colombianas.
“Cada persona desaparecida representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad que lidia con un dolor no resuelto”, concluyó la delegación de la ONU, instando al gobierno colombiano a actuar con decisión frente a una crisis que sigue cobrándose vidas y dejando heridas abiertas en la sociedad.