(Parte 2)
Panorama Opinión. Si en la primera parte analizamos cómo la visibilidad digital puede distorsionar la percepción de competencia, ahora corresponde preguntarnos: ¿qué papel puede y debe jugar el Estado para que lo que realmente sirve sea lo que importe? La ciudadanía por sí sola no puede evaluar la calidad de un profesional. Esa incapacidad tiene consecuencias concretas: decisiones erróneas en salud, educación, derecho o gestión pública pueden derivar en daños individuales y colectivos, afectando la confianza social en las instituciones y en los servicios que estas garantizan.
Es por eso que el Estado debe garantizar estándares claros de profesionalización, actualización y desempeño. No se trata de regular “likes” ni seguidores, sino de asegurar que quienes ejercen cualquier profesión o función relevante tengan autoridad legítima. Solo así puede evitarse que personas sin preparación o sin actualización constante influyan sobre la vida de otros o proyecten autoridad donde no la tienen. Este filtro protege tanto a los ciudadanos como a la integridad de los servicios que reciben.
Si el Estado no interviene, la sociedad premia la popularidad sobre el mérito. Cualquier persona puede proyectar autoridad sin tenerla, y los ciudadanos pueden tomar decisiones equivocadas basándose únicamente en lo que aparece en la pantalla. Esto genera distorsiones en la percepción de la competencia y riesgos para el desarrollo social. Por eso, la regulación de la profesionalización establece un marco claro: solo quienes están certificados, capacitados y actualizados pueden ejercer y comunicar públicamente su pericia o especialización.
Cuando esto ocurre, la visibilidad mediática no desaparece, pero queda subordinada a la competencia técnica. Un profesional puede tener muchos seguidores y hacer buen uso de las redes para informar y comunicar, pero su autoridad pública se fundamenta en méritos reales: conocimiento profundo, capacidad de ejecución, resultados concretos y transparencia. La sociedad aprende a valorar lo que importa y no lo que solo impresiona.
Al conectar con la primera parte, queda claro que la visibilidad digital por sí sola no puede definir quién es competente. La regulación estatal de la profesionalización y el desempeño establece un criterio que permite a la sociedad distinguir entre lo que brilla y lo que realmente sirve. La responsabilidad es colectiva: ciudadanos, instituciones y profesionales deben aprender a valorar el mérito sobre la popularidad.
