Panorama España. La abogada Jenifer Sánchez Cabral reveló que a la fecha más de un millón de personas han solicitado los beneficios de la Ley de Memoria Democrática (oficialmente Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática), durante una entrevista con el Panorama de la Mañana desde la Puerta de Alcalá en Madrid, España.
Fue preguntada sobre si el gobierno de España dará prórroga para dominicanos que se informaron tarde de este proceso migratorio, a la cual respondió que: “No, porque es una ley y se habilitó el plazo legal establecido por normativa de un año de ampliación para que todo el que pudiera presentara su solicitud”.
Sánchez Cabral dijo que de estos solicitantes se beneficiarán más de dos millones, por medio de esta ley española que reemplaza a la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007 y que está en vigor desde el 21 de octubre de 2022.
La analista migratoria aclaró que se da una dicotomía entre los solicitantes y los que serán beneficiados, ya que pueden ser vinculantes a sus descendientes o familias, “y que más de dos millones de personas puedan obtener la nacionalidad de origen en todo el mundo”.
Sin embargo, lo que podría pasar es que se cree una nueva ley y que en su momento tenga algún tipo de vinculación para nacionalizar a personas, menos con la situación convulsa en la política española, aclaró la experta.
Cabral reveló que se hicieron cambios en el Reglamento de Extranjería en mayo de 2025 por el cual se creó una nueva figura que se llama Familiares de Españoles la cual ha sintetizado y unificado criterios con la Ley de Familiares de Comunitarios y arraigo familiar.
“España no tenía un procedimiento propio para aquellos que están casados, con hijos, directos de españoles, y se ha creado ahora. Simplifica las situaciones y ha facilitado el acceso a las autorizaciones de residencia para esos familiares y ha dado mayor apertura a la Tarjeta Familiar Comunitaria en función de edad y de medios económicos que la persona tuviera para vincular a un familiar”, desglosó la asesora de migración.
¿Qué busca esta ley?
La ley tiene como objetivos principales:
1. Recuperar y preservar la memoria democrática
Busca fomentar el conocimiento sobre la historia reciente de España, especialmente la defensa de valores democráticos y derechos fundamentales y recordar a quienes sufrieron persecución o violencia por motivos políticos, ideológicos, religiosos o incluso por orientación e identidad sexual durante la Guerra Civil (1936-1939), la Dictadura franquista y hasta la aprobación de la Constitución de 1978.
2. Reconocer a las víctimas
Incluye mecanismos para declarar la ilícita la dictadura franquista, anular sus condenas, crear un Registro de Víctimas y facilitar medidas de verdad, justicia y reparación para familias afectadas.
3. Promover la verdad histórica y garantizar no repetición
Fomenta la investigación histórica, la educación y difusión de esos hechos en la sociedad, y promueve políticas públicas que eviten el olvido o la negación de la represión sufrida.
La ley también incluyó, en su disposición adicional octava, un mecanismo para que descendientes de españoles que perdieron la nacionalidad por exilio político, ideológico o por orientación sexual, entre otros supuestos, pudieran solicitar la nacionalidad española.
Ese proceso de opción estuvo abierto hasta octubre de 2025, con una posible prórroga de un año más — en muchas fuentes se confirma que el plazo principal finalizó el 22 de octubre de 2025.