Los alcoholímetros y el nuevo, o no tan nuevo plan del Intrant

Nos repetimos, como las famosas postalitas de antaño. De nuevo vuelve al ruedo, ¿o será mejor decir al ruido? el plan piloto realizado el viernes 25 de octubre, para detectar la presencia de alcohol en conductores y peatones, que puedan poner en peligro la seguridad vial y ciudadana.

Todo muy bien, si es para la medición y puesta en práctica de medidas efectivas que puedan ayudar a la disminución de accidentes, cuya constante ocurrencia nos coloca en un segundo lugar en América Latina y quinto a nivel mundial.

Esto, de acuerdo al informe del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, publicado el 13 de mayo de 2024, titulado “Violación a la ley de Tránsito entre las principales causas de muertes por accidentes en República Dominicana”.

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la República Dominicana encabeza el ranking mundial en muertes relacionadas con accidentes de tráfico, con una tasa de 65 muertes por cada 100,000 habitantes.

Un récord nada favorecedor en lo que se refiere a muertes, lesionados y afectados por accidentes de tránsito, entre cuyas principales causas, se encuentra, precisamente la conducción en estado de ebriedad o cerca de ella, así como la ingesta de sustancias prohibidas y fármacos de uso controlado.

De acuerdo a informaciones de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), “el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la violación de las leyes de tránsito por conductores y también transeúntes, son las principales causas de los decesos en la vía”, generalmente por el poco caso que los agentes de la institución hacen a estas recurrentes violaciones y al hecho de ignorar olímpicamente estas infracciones. Al parecer el espíritu de servicio hace años se fue de estos servidores públicos y la ley vigente no se respeta en lo más mínimo.

En el caso de la primera prueba realizada de los dichosos alcoholímetros, la entidad rectora, el Intrant “descubrió” que: “el 20 por ciento de los conductores sometidos a las pruebas de alcoholemia, resultaron positivos, de los cuales, el 10% permanecía por encima del límite de embriaguez. De 177 conductores requisados, 35 tenían indicios de alcohol en la sangre, mientras que 16 estaban por encima del grado establecido por ley”.

¿Qué medidas se tomaron al respecto? La propia legislación, la 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece lo siguiente:

“Artículo 256.- Prohibición de conducir en estado de embriaguez. Se prohíbe a los conductores de vehículos ingerir bebidas alcohólicas mientras transitan por las vías públicas o conducir en estado de embriaguez. Las personas que incurran en la violación a esta disposición serán sancionadas con una multa equivalente de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado y la reducción de los puntos de la licencia que determine el reglamento, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la suspensión y cancelación de la licencia de conducir”.

¿Se llevó a cabo lo establecido en la legislación? Está por verse el informe final al respecto. Que no ha sido dado a conocer.

Y vuelven y vuelven los mismitos alcoholímetros

Ahora, los mismos ocho alcoholímetros y 32 alcoholímetros de tamizaje, donados por diversas entidades internacionales, regionales y nacionales, se presentan como la panacea para disminuir accidentes viales. ¡Siete años después!

 ¿Y entonces?, se podría suponer, especulación pura y simple, no afirmación, que también se utilizaron las mismas boquillas adquiridas en 2007 por el entonces secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier (fallecido), al parecer, estos equipos son imperecederos, se usan, se reúsan y se vuelven a utilizar, por lo que las autoridades del Intrant, deberían explicar detalladamente cómo se conservan y quién está a cargo de la supervisión y buen funcionamiento de estos equipos, para no pasar un mal trance.

La situación de los alcoholímetros en República Dominicana, tiene un componente especial, fueron donados, no adquiridos mediante licitación pública, por lo que antes de haber iniciado el operativo o plan piloto, debieron ser revisados, calibrados y certificados para su buen uso y funcionamiento, más, si se toma en cuenta el tiempo que permanecieron guardados o almacenados. Y, en este país de errores y dislates a granel, debería haber una explicación seria respecto de este tema de los alcoholímetros.

¿Dónde estaban almacenados? ¿Se comprobó su eficiencia? ¿Existe un aval de certificación para su uso? Son algunas de las preguntas que surgen, ya que según la empresa Intoximeters, fabricante de los alcoholímetros Alco-Sensor VxL utilizados en el plan piloto, y que, según el Intrant, se realizarán retenes periódicos en fechas precisas de mucha movilidad en el tránsito, y el mes de diciembre, es el más idóneo para iniciar el proyecto de manera definitiva.

Intoximeters Inc. es la empresa de pruebas de alcohol más antigua del mundo. Es una empresa privada con sede central en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, por lo que se debió acudir a ella antes que a un “experto”, como explicó el director del Intrant en su momento, antes del inicio del plan piloto.

Acciones a la “brigandina y de manera medalaganaria”, como siempre sucede

No hay mejor manera para calificar todo el aparataje hecho en torno al plan piloto de los alcoholímetros, como no sea que fue hecho “a la brigandina” –dominicanismo que denota lo que se dice o anuncia, sin ser del todo verdad–, de manera muy particular después del informe del Defensor del Pueblo, como forma de expiación al desinterés gubernamental en torno a la ocurrencia de accidentes diarios que ocurren en el país.

No es hasta esa publicación que se retoma la medición aleatoria, reiteramos, siete años después, durante un fin de semana, para detectar la presencia de alcohol, tanto en conductores como en transeúntes… ¿casualidad o actuar de manera medalaganaria para ganar espacio y tiempo?

Esa respuesta solo la tiene el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, a quien se le ha visto muy activo en las últimas semanas en los medios de comunicación. ¡Oh, qué país, mi país! Lleno de errores y dislates en medio de una gran preocupación, los dichosos alcoholímetros y sus aditamentos esenciales, las boquillas para la medición y su real efectividad.

Supervisión, calibración, validación y limpieza son fundamentales

 A juzgar por las experiencias de diversos países de América Latina, la calibración periódica de los alcoholímetros es fundamental para su buen funcionamiento. Una de las ciudades con mayor parque vehicular de Latinoamérica, México, tiene reglas muy precisas para el uso y preservación de estos equipos y al respecto, el sitio antidopingmexico.com, explica:

“La frecuencia recomendada para la calibración del alcoholímetro varía según las pautas del fabricante y el dispositivo específico que se utilice. Sin embargo, como regla general, se recomienda calibrar el alcoholímetro al menos una vez cada 12 meses o después de 500 pruebas, lo que ocurra primero. Los usuarios intensivos, como las agencias de aplicación de la ley, pueden requerir una calibración más frecuente”.

En este sentido, vuelve la interrogante, ¿Cómo es posible que, en tan solo días, se haya hecho el trabajo completo y la emisión de certificación de estos aparatos complejos y delicados, después de siete años, sin el aval de un laboratorio, y en el caso que nos ocupa, sin el aval de la empresa fabricante de estos?

El sitio web aclara que, “la calibración es un proceso de mantenimiento crítico que implica ajustar el sensor del alcoholímetro para asegurar que mida el BAC (contenido de alcohol en la sangre) de manera precisa. Con el tiempo, la sensibilidad del sensor puede cambiar, lo que lleva a lecturas inexactas”. ¿Entonces? En una nación como República Dominicana, en donde lo común es “terciarse el trago” mientras se conduce, constituye un pecado de omisión, no informar debidamente sobre el tema.

Peor aún, no se ha dicho nada de las boquillas, de dónde salieron, dónde estuvieron, y si son aptas para el reúso continuo, como pretende hacer el Intrant con los operativos en ciernes. Realmente, mueve a preocupación la situación, que puede resultar en el caso de los alcoholímetros.

“Vale más la sal, que el chivo”, dice el refranero popular cuando se trata de comparar los costos de acciones importantes y el precio final. Esto, en cuanto a comparación entre operativos y el costo social que implica, máxime, cuando Morrison ha declarado que la entidad no cuenta con recursos suficientes. ¡Santísimo, nos llevó el mismito diablo! Las buenas intenciones no siempre funcionan, por eso tienen sembrado el camino al infierno.

Panorama intentó conseguir la reacción de los titulares del Intrant y Digesett, pero al cierre de esta edición, no se han recibido respuestas, ni de cortesía.