Panorama Opinión. Otra semana llena de sobresaltos, de nuevo. Otra vez la República Dominicana se mostró sin filtros ni protocolo. No en los comunicados del Palacio ni en las ruedas de prensa oficiales — sino en la calle, en la carretera y en las aceras frente al poder.
El jueves 21 de mayo, un conductor del TRAE fue bajado de su autobús y golpeado en el rostro por una turba de motoconchistas, frente a los niños que transportaba hacia la escuela Rafaela Santaella. El agresor principal, apodado “Negro Malo”, se entregó voluntario, dando una explicación que deja más preguntas que respuestas.
No es un incidente aislado. Es un síntoma. La violencia que durante años se confinó a ciertos sectores y ciertos horarios empieza a insinuarse en los espacios más cotidianos. Esa normalización debería preocuparnos más que el episodio en sí.
En materia de seguridad, la cobertura reciente muestra operativos continuos, enfrentamientos y abatidos vinculados al crimen organizado y al tráfico de drogas. El balance oficial del primer cuatrimestre de 2026 habla de 394 muertes violentas. El problema es que esta gestión ha demostrado, a lo largo del último lustro, una notable maestría en el arte de manipular las estadísticas — esta vez hacia la baja. Lo que se percibe en las calles contradice flagrantemente esa narrativa de disminución. Las muertes violentas aumentan; los números oficiales, curiosamente, no.
En ese contexto, la Primera Dama entró nueva vez al ruedo con declaraciones sobre la ADP ante la Cámara Americana de Comercio: que el gremio politiza, que frena la transformación educativa, que hay que despolitizarlo. Las primeras damas dominicanas anteriores han tenido, históricamente, una apreciada virtud: la dosificación prudente de la palabra y el alejamiento discreto de los asuntos del gobierno. Esa tradición protegía tanto a la institución como a quien la encarna. La ADP respondió con elegancia que si el partidarismo las rigiera, su presidente sería del PRM. Dos puntos para el gremio.
Y como si el castillo de naipes del PRM no tuviera ya suficientes grietas visibles — la convención interna pospuesta, el Canciller desmintiendo al Presidente, la agenda exterior convertida en arte de la evasion — la JCE saca del cilindro una nueva pieza: la suspensión de las encuestas electorales. El expresidente Danilo Medina la calificó de “sumamente sospechosa”, y no le falta razón: en 2024 se publicaban dos y tres encuestas al mes para construir la narrativa de la invencibilidad oficialista. Hoy, cuando el viento sopla en dirección contraria rumbo al 2028, esas mismas encuestas se vuelven peligrosas y hay que silenciarlas. Así funciona la coherencia líquida: las reglas sirven cuando sirven, y se cambian cuando dejan de servir.
Y el viernes, frente al Palacio Nacional, ciudadanos haitianos en situación irregular — encuadrados en el movimiento Reconocido — marcharon exigiendo derechos que, según nuestra Constitución y la propia Constitución haitiana, no les corresponde reclamar aquí. Ambas cartas magnas adoptan el jus sanguinis: es haitiano todo hijo de haitiano, nazca donde nazca. Lo que ellos llaman “apatridia” es una deuda que Haití tiene con su propio pueblo — un Estado que no documenta ni al 40% de sus ciudadanos, los cuales pretenden que nuestro país asuma esa omisión reescribiendo su carta magna.
Lo que resulta inaceptable no es solo la marcha — es el contraste. Cuando los dominicanos protestaron en San Juan de la Maguana por sus recursos naturales, la respuesta del Estado fue contundente y desproporcionada. A estos manifestantes no se les rozó ni con el pétalo de una rosa. Y a los dominicanos que querían observar se les impidió acercarse. Los soberanos, mirando desde lejos en su propio país.
La violencia avanza sin que nadie le ponga nombre. La Primera Dama opina donde antes reinaba la prudencia. Y frente al Palacio, el Estado demostró una vez más que no trata igual a todos — dependiendo de quién proteste y quién decida que ese día conviene no ver.
