Panorama Justicia. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirma que la red dedicada al pago de sobornos para obtener contratos de servicios de seguridad en instituciones estatales operó durante más de diez años en la República Dominicana.
Según el escrito del Ministerio Público, dicha estructura, compuesta por militares, empresarios y funcionarios públicos, provocó una total subordinación del sistema de supervisión y recepción de los servicios contratados. Además, generó la sumisión de los directores de seguridad de diversas instituciones estatales, facilitando así el despliegue de prácticas ilícitas orientadas a favorecer de forma deliberada a determinadas empresas de seguridad privada, en perjuicio del interés público.
El Ministerio Público sostiene que estas prácticas incluyeron la omisión deliberada de deberes de control, la tolerancia de irregularidades y la protección activa de las empresas beneficiadas, con el objetivo de mantener vigentes los contratos y seguir recibiendo beneficios económicos personales a través del cobro sistemático de sobornos.
Los sobornos, entregados de forma estructurada y recurrente por las empresas investigadas, no se limitaban a una etapa del proceso, sino que contaminaban todas las fases: desde la elaboración de los términos de referencia y pliegos de condiciones, pasando por la evaluación de ofertas y adjudicación, hasta la ejecución, supervisión y renovación de los contratos, afirman las autoridades.
Este mecanismo corrupto operaba como una estructura coordinada, donde los pagos ilícitos eran exigidos por diferentes funcionarios involucrados en el proceso de contratación y en la seguridad física de las entidades públicas afectadas, y se entregaban tanto de forma directa como a través de intermediarios.
El Ministerio Público advierte que la contratación de servicios de seguridad privada por parte del Estado ha estado cooptada por décadas por prácticas corruptas. Se identificó un patrón consistente en acaparar contratos millonarios a favor de unas pocas compañías, a cambio de sobornos.
Durante la investigación, las autoridades lograron identificar el entramado a partir del análisis de transacciones financieras, donde se evidenció que las empresas adjudicatarias pagaban entre un 5 % y un 10 % del monto total de cada factura cobrada al Estado a funcionarios vinculados al proceso de contratación.
Estas sumas eran exigidas y recibidas por encargados de seguridad institucional y otros implicados, a través de transferencias bancarias y pagos en efectivo.
Entre los acusados por su participación en esta red de corrupción figuran:
Las empresas señaladas como participantes en la red de sobornos están ubicadas en Santo Domingo y Santiago: