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La OEI acapara la evaluación educativa en la República Dominicana

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Por Odalis Castillo

Panorama Nacional.- Contrataciones millonarias sin procesos de licitación formal han sido realizadas por el Ministerio de Educación, justificadas como “convenios” con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) a quien en un reciente contrato ha destinado más de 599 millones de pesos para la evaluación de desempeño de los docentes. A pesar de las alertas de expertos sobre posibles irregularidades, los organismos fiscalizadores del Estado dominicano han guardado silencio, mientras la autoridad ministerial defiende la legalidad de la adjudicación diciendo que se trata de un convenio.

El programa Toda la Verdad, conducido por la periodista Odalis Castillo y difundido por el canal de televisión VTV 32, ha dado seguimiento a este tema que plantea el control de la OEI sobre la evaluación de la calidad educativa en el país, gracias a contratos directos y un papel protagónico en la comisión evaluadora del MINERD, que la coloca en una posición privilegiada. También cuestiona que teniendo el Estado instituciones como el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) perteneciente al MINERD, con un presupuesto de 280 millones de pesos, no se hayan creado las capacidades instaladas para que el país no tenga que tercerizar funciones que bien pudieran asumir el propio Ministerio.

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El convenio se ha convertido en la herramienta perfecta para evadir la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, asegura el profesor Juan Valdez, presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Valdez advierte que la situación es aún más grave con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), pues esta entidad internacional goza de exenciones que la protegen de procesos judiciales en el país y la excluyen de la obligación de proveer información pública. “Cualquier funcionario podría acordar con estas instituciones y recibir dinero sin dejar rastro alguno”, alerta Valdez, señalando un vacío legal que propicia la opacidad en el uso de fondos públicos.

Estado dominicano viola principios constitucionales en contrataciones internacionales

El abogado constitucionalista Marino Elsevyf al revisar el caso, refirió que el Estado dominicano está violando principios fundamentales como el de racionalidad, eficacia, seguridad jurídica, coherencia y debido proceso al ceder funciones administrativas a organismos internacionales sin respetar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Elsevyf sostiene que este esquema de contratación a través de convenios internacionales permite que entidades extranjeras, como la OEI, realicen evaluaciones educativas sin la transparencia ni los términos de referencia necesarios para garantizar la igualdad en el proceso. “Es una práctica que pasa por alto la ley y que termina perjudicando a un sistema educativo ineficiente, en el que la inversión del 4% aún no ha dado resultados”, afirma el jurista.

El 26 de septiembre, la Asociación Dominicana de Profesores presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo y, para agilizar el proceso, también interpuso un recurso de amparo de extrema urgencia. Esta semana, el Ministerio de Educación informó en una nota de prensa que el recurso de amparo contra el convenio con la OEI para la evaluación docente fue declarado inadmisible, lo que podría interpretarse como una victoria judicial para el ministerio; Sin embargo, la declaración de inadmisibilidad tiene una explicación por el equipo jurídico de la ADP.

“Inadmisibilidad del amparo no es un triunfo del Ministerio de Educación, aclara consultor jurídico de la ADP”

El abogado John Bello, consultor jurídico de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aclaró que el Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible el recurso de amparo por urgencia interpuesta contra el convenio del Ministerio de Educación y la OEI, pero sin emitir un juicio sobre el fondo del caso. “El Tribunal no rechazó el proceso; simplemente señaló que debe seguir el curso del recurso contencioso-administrativo presentado inicialmente”, explicó Bello, subrayando que la inadmisibilidad del amparo no representa una victoria para el Ministerio, sino una decisión procesal para respetar los tiempos legales del primer recurso.

“Convenio con la OEI debe registrarse por leyes dominicanas, sostiene consultor jurídico de la ADP”

El abogado John Bello, consultor jurídico de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), señala que el convenio firmado en 2002 entre la República Dominicana y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) debe someterse a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 340-06). “El artículo seis, numeral uno de la Ley 340 establece que, si un convenio internacional no especifica un marco jurídico alternativo, debe ajustarse a las leyes nacionales”, explica Bello, enfatizando que el acuerdo con la OEI no incluye excepciones a esta normativa, por lo que el Ministerio de Educación estaría obligado a respetar los procedimientos establecidos por la ley dominicana.

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