Panorama Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta este viernes el vencimiento del plazo legal de 60 días para continuar la guerra con Irán sin autorización del Congreso, en un contexto de estancamiento militar, un alto el fuego frágil y una creciente disputa política interna sobre los poderes de guerra.
El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, queda bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que limita a 60 días las operaciones militares sin aval legislativo. La fecha límite se cumple el 1 de mayo, aunque la Casa Blanca evalúa alternativas para evitar solicitar autorización formal o retirar tropas.
Analistas y asesores del Congreso citados por Reuters consideran improbable un fin inmediato de la guerra. En cambio, prevén que Trump notifique una prórroga de 30 días o que su administración sostenga que el conflicto terminó con el alto el fuego anunciado en abril, pese a que persisten tensiones en rutas marítimas clave.
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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió esa interpretación ante el Senado. “En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual, a nuestro entender, significa que el plazo de 60 días se pausa, o se detiene, durante un alto el fuego”, afirmó ante el Comité de Servicios Armados.
Sin embargo, legisladores demócratas rechazaron ese argumento y señalaron que la ley no contempla pausas por treguas. También insistieron en que el Congreso no autorizó la operación ni declaró la guerra, y que la ofensiva no responde a una emergencia nacional directa contra Estados Unidos.
La disputa refleja un Congreso profundamente dividido. Desde el inicio del conflicto, los demócratas impulsaron resoluciones para obligar a la retirada de tropas o exigir autorización legislativa, pero los republicanos las bloquearon en repetidas ocasiones. El jueves, el Senado rechazó un sexto intento, aunque la senadora Susan Collins y el senador Rand Paul rompieron parcialmente la disciplina partidaria al apoyar la medida.
El investigador Christopher Preble, del Stimson Center, atribuyó esa dinámica al alineamiento político. “Es partidismo, simple y llanamente”, dijo. “Los republicanos se niegan a desafiar al presidente, así de sencillo”.
La Casa Blanca evitó precisar su estrategia. Un funcionario, citado por Reuters bajo condición de anonimato, indicó: “La administración está en conversaciones activas con el Congreso sobre este tema. Los miembros del Congreso que intenten obtener réditos políticos usurpando la autoridad del Comandante en Jefe solo debilitarían a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el extranjero, algo que ningún funcionario electo debería querer hacer”.
En paralelo, funcionarios estadounidenses señalaron que Trump recibió informes sobre posibles nuevos ataques para presionar a Irán a negociar. Teherán respondió con advertencias. Autoridades iraníes afirmaron que cualquier reanudación de hostilidades provocará “ataques prolongados y contundentes” contra posiciones estadounidenses.
El conflicto también impacta en la economía. Legisladores demócratas enfocaron sus cuestionamientos en el aumento de los precios de los combustibles tras el cierre del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global. El Pentágono estimó que la guerra costó unos 25.000 millones de dólares, en gran parte por el gasto en municiones.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, expresó expectativas de una salida negociada. Dijo que sería “ideal” alcanzar un acuerdo de paz entre Washington y Teherán. En contraste, el líder demócrata, Chuck Schumer, criticó la gestión del conflicto. “Los republicanos saben que la gestión de Trump en esta guerra ha sido un desastre. Ven cuánto está sufriendo el pueblo estadounidense en este momento”, sostuvo.
Algunos republicanos dejaron abierta la posibilidad de revisar su postura. El senador John Curtis señaló que respalda las acciones iniciales, pero no apoyaría una campaña prolongada sin autorización del Congreso.
Mientras tanto, la administración mantiene que el alto el fuego altera el cómputo del plazo legal, una interpretación que no figura en la ley vigente. La decisión final de Trump, ya sea solicitar autorización, pedir una prórroga o ignorar el límite, marcará el próximo paso en un conflicto que permanece sin resolución clara y bajo presión política creciente en Washington.