José Ramón Peralta recomienda que el nuevo Código Penal sea más constitucionalista con menos peso de la PGR
Panorama Político. El exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, expresó que, apuesta por un Código Penal más constitucional y con más participación de expertos penalistas, durante una entrevista en el Panorama de la Mañana por a 96.9 y VTV canal 32.
“Creo que no se hizo un código muy persecutor y con mucho trabajo de la procuraduría, eso no es bueno. Se necesita ver todo. Prácticamente, quienes estuvieron asesorando fueron los fiscales, es el gran peso del código y eso no está bien”, profirió el político.
Peralta valoró que en la República Dominicana existan buenos especialistas y que deben ser consultados, a pesar de la participación directa de los legisladores representando a los partidos políticos como estructura importante.
“Deben ser consultados, institucionalmente, no solo por sus congresistas. Sin embargo, si el partido de Gobierno que somete esas reformas la consulta con la cúpula ya tiene otro sentido”, recomendó el empresario del ajo.
El debate en República Dominicana sobre por qué los partidos políticos y los juristas deben liderar la reforma al Código Penal (bajo la Ley 74-25) limitando la influencia directa de la Procuraduría General de la República (PGR) gira en torno a garantizar el equilibrio de poderes, proteger los derechos fundamentales y evitar un sesgo puramente punitivo en la legislación.
Aunque el Ministerio Público es un actor técnico esencial para identificar las modalidades delictivas actuales, los juristas y el Poder Legislativo advierten que una ley penal estructurada bajo la óptica exclusiva de la persecución puede resultar peligrosa para las garantías ciudadanas
En síntesis, propuso que la reforma del Código Penal debe ser liderada por el Congreso y juristas, no por órganos persecutores, para preservar la separación de poderes, evitar el populismo penal y garantizar derechos fundamentales.
La Procuraduría debe limitar su rol a asesoría técnica para tipificar delitos modernos, mientras la clase política asegura un consenso que equilibre seguridad y libertades individuales.
La PGR y su brazo persecutor
Rol institucional en la reforma penal: Asesoría Técnica
La PGR no tiene facultad legislativa propia, por lo que su rol en la creación o modificación del Código Penal debe limitarse a la coautoría técnica y consultoría:
Identificación de tipicidades modernas: Aporta la experiencia del día a día sobre cómo operan los delitos complejos (como el cibercrimen, el sicariato o la corrupción) para asegurar que el código los defina de forma clara y procesable.
Mesas de trabajo técnico: Participa junto a las comisiones de justicia de la Cámara de Diputados y el Senado para advertir sobre vacíos legales que dificulten las investigaciones.
Garantía de aplicación real: Evalúa si las nuevas penas y figuras (como la responsabilidad penal de las empresas) cuentan con la estructura necesaria para ser llevadas a juicio con éxito.
Rol operativo en el sistema de justicia: Persecución Penal
Una vez promulgado el Código Penal, la función constitucional central de la PGR y sus fiscales subordinados es la dirección de la investigación y la acusación pública:
Dirección de la investigación penal: coordina de manera obligatoria las actuaciones de la Policía Nacional y los organismos de inteligencia para recopilar pruebas lícitas.
Ejercicio de la acción pública: representa los intereses de la sociedad ante los tribunales, imputando formalmente a los sospechosos y sosteniendo la acusación durante el juicio. Implementación de salidas alternas: con el nuevo marco de la Ley 74-25, la PGR tiene la facultad de negociar acuerdos de colaboración y medidas alternativas a la prisión para delitos de menor gravedad, optimizando los recursos del Estado.
Exclusión de funciones administrativas: el nuevo Ministerio de Justicia
Es fundamental destacar un cambio estructural reciente en la República Dominicana: la PGR ya no administra las cárceles ni los servicios registrales.
Traspaso de poder: mediante la Ley 80-25, el sistema penitenciario y las tareas de representación administrativa del Estado pasaron al recién creado Ministerio de Justicia.
Especialización absoluta: esta reforma liberó a la Procuraduría de cargas burocráticas, permitiéndole concentrarse de forma exclusiva y técnica en la persecución del crimen y el litigio en los tribunales.
