Deydania de la Rosa | | 2 mins de lectura 
En una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República, se ha descubierto que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tiene departamentos y secciones en su nómina que no fueron aprobados por el Ministerio de Administración Pública (MAP), lo que ha resultado en un gasto mensual de RD$494,917.00 en salarios brutos no autorizados.
Este hallazgo es un flagrante incumplimiento de la Ley 41-08 de Función Pública y de las Normas Básicas de Control Interno de Segundo Grado, específicamente el Acápite ADC-3-006.12, arrojando dudas sobre la transparencia y la eficiencia de la institución en el manejo de los fondos públicos.
En cuanto al recurso humano, se identificó que Intrant no lleva un control adecuado de la asistencia del personal y que existen debilidades en los expedientes de empleados, incluyendo la falta de contratos o nombramientos y evidencia de evaluación de desempeño.
Además, Intrant carece de políticas y procedimientos para la ejecución presupuestaria, lo que ha llevado a incumplimientos graves con las Normas Básicas de Control Interno, incluyendo la gestión de tesorería y cuentas por cobrar.
En lo que respecta a la gestión de activos fijos, se encontraron múltiples irregularidades, incluyendo la falta de etiquetas físicas de Bienes Nacionales en activos, activos fuera de servicio no descargados y vehículos sin matrícula.
El informe también arroja luz sobre la gestión de compras y contrataciones, con hallazgos que indican fraccionamientos en las compras que exceden los umbrales establecidos y contratos sin numeración secuencial.
También se identificaron discrepancias en los estados financieros de Intrant en relación con la normativa de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog).
Otro hallazgo es la falta de conciliaciones bancarias en cuatro cuentas bancarias y la ausencia de firmas en las conciliaciones realizadas, lo que plantea serios problemas de control interno.
Esta auditoría fue realizada en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2022.
El informe indica que la institución se encuentra en proceso de subsanación de estas irregularidades.
