Por: Alfredo Zapata
Panorama Opinión.- Desde octubre, el senador del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, ha colocado nuevamente en el debate nacional el tema de la indexación salarial, un mecanismo legal que impacta directamente a más de setecientos mil trabajadores cuyos ingresos superan los RD$34,685.00 mensuales.
¿Qué es la indexación salarial?
La indexación salarial consiste en ajustar anualmente el tope salarial a partir del cual se retiene el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Este ajuste debe hacerse con base en la inflación registrada el año anterior por el Banco Central, tal como establece el Código Tributario de la República Dominicana, Ley 11-92, artículo 296, párrafo I, que cito:
“La escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana”.
El espíritu de esta disposición es simple: proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.
Se viola la ley desde 2017
A pesar de lo que manda la ley, los salarios no se indexan desde el año 2017. Durante la gestión del expresidente Danilo Medina, el Ministerio de Hacienda y el equipo económico del momento empezaron a utilizar tecnicismos para evitar aplicar la indexación, afectando a una amplia franja de trabajadores.
En el 2020, ya con el presidente Luis Abinader, su equipo económico continuó esa misma práctica —y, de hecho, la perfeccionó—, dejando nuevamente sin efecto el ajuste legal por inflación.
Esto ha ocurrido precisamente en un período en el que la inflación ha sido significativamente alta, golpeando directamente el bolsillo de la población.
Inflación 2020–2024, según datos del Banco Central
- 2020: 3.8%
- 2021: 8.2%
- 2022: 8.8%
- 2023: 4.8%
- 2024: 3.35%
Esto representa una inflación acumulada entre 30% y 35%.
En palabras llanas: lo que costaba RD$100 en 2020, para finales de 2024 cuesta RD$130–RD$135.
Reclamos previos ignorados
Desde 2022, el diputado José Horacio Rodríguez (Opción Democrática) inició una campaña para exigir el cumplimiento de la ley, con el apoyo del entonces diputado Omar Fernández.
Sin embargo, esos reclamos no avanzaron: el partido de gobierno tenía control total del Congreso y mayorías suficientes para aprobar el Presupuesto sin modificar el tema de la indexación.
La coyuntura actual: Omar gana-gana, Gobierno pierde-pierde
En esta nueva etapa, el senador Omar Fernández ha logrado articular un amplio respaldo social e institucional: empresarios, legisladores, sindicalistas y, sobre todo, los trabajadores afectados.
Y aquí surge el escenario político que considero inevitable:
Si el gobierno decide cumplir la ley:
- Será visto como una victoria para Omar Fernández.
- El pueblo lo percibirá como un defensor firme de los intereses de los trabajadores.
- El gobierno quedaría políticamente debilitado al ceder ante una presión pública que venía evitando desde hace años.
Si el gobierno decide NO cumplir la ley:
- Convertiría a Omar en víctima política.
- Le permitiría argumentar que el gobierno utilizó su poder legislativo y ejecutivo para bloquear una iniciativa justa.
- Nuevamente, el pueblo se colocaría del lado del senador.
Conclusión
Independientemente de la decisión gubernamental, Omar Fernández sale fortalecido. Ha logrado conectar con un reclamo legítimo, masivo y legalmente sustentado, lo que lo proyecta como una figura política en crecimiento, con un peso real de cara a las elecciones de 2028.
