Por: Hernán Paredes
Panorama Opinión. Recientemente, el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, propuso cerrar dos instituciones, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), por considerarlas inoperantes.
Lo que plantea el legislador parece una variación de la filosofía “muerto el perro, se acabó la rabia”, pero, en esta versión, matamos también a todos los que supieran lo que tenía el perro. El también empresario del sector transporte se hizo eco de lo que muchos sentimos, es decir, el sentimiento de impotencia frente a la impunidad y violencia de los motociclistas en las calles, ante la indiferencia de las autoridades.
Marte tiene razón en sentirse indignado, pues todos los gobiernos han fallado en aplicar realmente un verdadero régimen de consecuencias en las vías, sobre todo con los motoristas, un segmento de usuarios que ha crecido exponencialmente en los últimos años, como consecuencia de las necesidades de desplazamiento de personas y mercancías.
¿Qué ganamos eliminando al órgano rector del transporte y al brazo ejecutor de la ley? Absolutamente nada, por el contrario, terminaríamos convirtiendo las calles en una especie de tierra de nadie que vemos en películas apocalípticas, por tanto, creo que el Sr. Marte usó una especie de combinación entre hipérbole, ironía y sarcasmo.
Sin embargo, aprovecho el impacto provocado para recordar que hace más de 9 años, fruto de un pacto social, se aprobó la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual creó al INTRANT y ordenó la reestructuración de la DIGESETT, entre muchas otras cosas.
Es decir, a partir del año 2017, una serie de instituciones públicas que trabajaban en el sector transporte, no necesariamente de manera coordinada, fueron absorbidas por un nuevo órgano rector que contaba con herramientas científicas de planificación y una filosofía integral de gestión de la movilidad, el INTRANT.
De esta ley se derivaron también más de 20 reglamentos específicos para temas como las licencias de conducir, el transporte de carga y de pasajeros, inspección técnica vehicular, planes locales de movilidad y seguridad vial, transporte en taxis, transporte en motocicletas, régimen sancionador, entre otros.
Usted mencione un tema, el que quiera, sobre transporte, y antes de la pandemia se aprobó un reglamento para ello.
¿Qué es lo que ha fallado entonces? Sencillo, voluntad política y recursos presupuestarios para hacer realidad en las vías lo que dicen, en el papel, todas estas regulaciones, sobre todo en el segmentos de los motociclistas.
Pocos saben que justo antes de la pandemia, además de los reglamentos mencionados, también se inició un plan estratégico específico para poner orden con los motociclistas: el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de Motocicletas 2019-2022.
Pero, en el año 2020, como muchas cosas en el país y en el mundo, la estrategia especial para poner en cintura a los motociclistas, fue detenida por la pandemia del COVID-19 para nunca más ser retomada.
Lo peor de todo esto es que estoy seguro de que si se hiciera una evaluación sobre la casi una década de implementación de la ley de movilidad y sus reglamentos, arrojaría que no aplicamos ni siquiera el 50% de lo que establecen, precisamente, por lo que decía anteriormente de la falta de voluntad política y recursos presupuestarios.
Al INTRANT, a la DIGESETT y a las unidades de transporte de las alcaldías hay que fortalecerlas, no cerrarlas, como sugiere el legislador. Debemos dotar a estas instancias de más y mejor personal calificado, mejores presupuestos y herramientas más apropiadas, sobre todo herramientas tecnológicas.
A excepción de las inversiones en sistemas de transporte masivo de pasajeros en Santo Domingo y Santiago, ningún gobierno ha hecho realmente de la movilidad y la seguridad vial una prioridad en el Presupuesto General del Estado.
De hecho, por eso seguimos teniendo carros de concho y autobuses destartalados transportando a nuestros ciudadanos, a pesar de que la ley ordenó la transformación de los antiguos sindicatos en empresas operadoras de transporte, así como a implementar nuevos corredores con autobuses modernos y confortables.
Solo 4 corredores de estos se han puesto en operación en casi 10 años: Churchill, Núñez de Cáceres, Charles de Gaulle e Independencia. Quizás él senador, como empresario del transporte de pasajeros, puede explicarnos el porqué de esta situación.
Cuando fue designado, le di mi voto de confianza al actual director del INTRANT, Milton Morrison, como hice con los anteriores que ocuparon el puesto, pues entiendo que a todos nos conviene que quien esté allí haga una buena gestión, sin embargo, hay variables, intereses y circunstancias que no dependen del director ejecutivo de esta entidad.
Si yo fuera el director del INTRANT, iría donde el Presidente de la República y le dijera que estoy dispuesto a asumir el reto de poner orden en las calles, pero con la condición de que el primer mandatario asumiera este asunto como una prioridad personal, reflejando ese compromiso en el presupuesto de la nación.
El presidente Luis Abinader no será candidato en las próximas elecciones, por lo que pudiera asumir el posible costo político inicial de imponer la ley de tránsito y, aunque en principio se pueda ver cómo un costo, estoy seguro de que se trata más bien de una inversión con alta rentabilidad política a futuro.
Quien arregle lo que está pasando allá afuera, en las calles, se casará con la gloria.
