Estudio cuestiona uso de Senasa y advierte su privatización
Cristina Mendoza | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional. Un estudio presentado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), junto a organizaciones sociales y académicas, plantea que el modelo de financiamiento y prestación de servicios establecido por la Ley 87-01 ha favorecido una creciente participación del sector privado en el Seguro Familiar de Salud (SFS), lo que, según sus autores, ha incidido en el debilitamiento de los servicios públicos de salud.
La investigación, titulada «Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS», analiza la evolución del sistema entre 2010 y 2024 y sostiene que una parte importante de los recursos administrados por el Seguro Familiar de Salud ha sido canalizada hacia prestadores privados.
Entre los datos presentados, el informe señala que durante el período estudiado los prestadores privados recibieron el 80.5 % de los pagos realizados por el SFS, mientras que los prestadores públicos recibieron el 19.5 %.
Los investigadores indicaron además que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), como aseguradora pública con responsabilidad social, ha incrementado progresivamente la contratación de servicios privados. Según el estudio, dentro del Régimen Subsidiado los pagos realizados por SeNaSa a prestadores privados pasaron de representar un 21 % en 2010 a un 66.9 % en 2024.
Durante la presentación, los autores afirmaron que esta tendencia no se inició recientemente, sino que se ha desarrollado durante varios años como resultado de la expansión del modelo contributivo y de la creciente dependencia de la red privada para la prestación de servicios de salud.
El informe también señala que persisten incumplimientos en la aplicación de la Ley 87-01 respecto a la afiliación de empleados públicos. Según los datos expuestos, alrededor de un 30 % de los servidores públicos continúan afiliados a ARS privadas, pese a que la legislación establece que estos trabajadores deben estar incorporados al seguro público.
Asimismo, la investigación estima que entre 2007 y 2025 las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas recibieron más de RD$87 mil millones por concepto de beneficios y gastos administrativos derivados de la gestión del Seguro Familiar de Salud.
Las organizaciones participantes sostienen que las dificultades financieras y operativas observadas en el sistema público de salud deben analizarse en el contexto de una mayor transferencia de recursos hacia prestadores privados, y consideran necesario fortalecer el financiamiento de la red pública para garantizar un acceso más equitativo a los servicios de salud.
Finalmente, hicieron un llamado a que cualquier discusión sobre una eventual reforma de la Ley 87-01 tome en consideración el fortalecimiento de SeNaSa y de los servicios públicos, así como la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.
