Por Jose Alberto Blanco
Panorama Opinión. En República Dominicana, la semana del 27 de junio al 3 de julio de 2026 llega con un dato que golpea directamente los bolsillos de las familias: los precios de los combustibles permanecen congelados.
La gasolina premium se mantiene en RD$341.10 por galón y la regular en RD$310.50, pese a que el petróleo se cotiza en torno a US$69–70 el barril, muy por debajo de los niveles de tensión internacional que en su momento dispararon los precios.
La paradoja es evidente: cuando el crudo subió, las gasolinas aumentaron de inmediato; ahora que baja, los precios internos permanecen intactos.
El resultado es que millones de dominicanos siguen pagando precios de crisis en tiempos de calma. El impacto no es abstracto, se siente en la vida diaria de cada ciudadano: una madre soltera en Santo Domingo destina más de RD$1,500 semanales solo en transporte para llevar a sus hijos a la escuela y llegar al trabajo; un agricultor de Valverde ve cómo el costo del gasoil encarece el traslado de sus productos al mercado, reduciendo sus ganancias y aumentando el precio final de los alimentos; un estudiante universitario paga pasajes cada vez más altos en el transporte público, lo que limita su presupuesto para libros y materiales.
Según estudios, casi el 17% del presupuesto familiar dominicano se destina al transporte, la cifra más alta de la región, y no se trata solo de movilidad: el precio de los combustibles repercute en alimentos, medicinas, materiales de construcción y servicios básicos. Cada alza o congelamiento injustificado se traduce en más presión inflacionaria sobre los hogares.
El problema no es únicamente el petróleo, pues cada galón de gasolina premium paga RD$102 en impuestos y la regular RD$91; en otras palabras, uno de cada tres pesos que desembolsa el consumidor corresponde a impuestos. República Dominicana es uno de los pocos países de la región con una carga tributaria tan elevada en los combustibles, un renglón que incide en toda la estructura de costos de la economía. Esto convierte a los derivados del petróleo en una recaudación fiscal disfrazada que afecta por igual a ricos y pobres, al motoconcho y al empresario, mientras la falta de transparencia en la política fiscal impide que los ciudadanos sepan qué parte del precio corresponde al mercado internacional y qué parte a decisiones del propio gobierno.
El expresidente Leonel Fernández lo advirtió en su artículo del Listín Diario: el gobierno utiliza mecanismos fiscales y leyes como la de residuos sólidos para buscar recursos con fines electorales, y la insistencia en mantener altos los precios de los combustibles, pese a la baja del crudo, refuerza la percepción de que se privilegia la recaudación sobre el alivio a las familias.
Los dominicanos no pueden seguir pagando precios de crisis cuando las circunstancias que lo justificaban ya desaparecieron; mantener artificialmente elevados los combustibles es mantener la inflación y trasladar el costo de la vida a quienes menos pueden soportarlo. La transparencia fiscal no es un lujo, es un derecho ciudadano, y el país necesita saber con claridad cuánto paga por petróleo y cuánto paga por impuestos, porque detrás de cada galón de gasolina no solo hay cifras: hay historias de madres, estudiantes y trabajadores que cargan con el peso de una política que parece olvidar la realidad de la gente.
