Panorama Nacional.- El comunicador y empresario Francisco Tavares, CEO de El Demócrata, planteó que la aplicación del nuevo Código Penal debe alcanzar por igual a influencers, medios digitales y propietarios de medios tradicionales cuando incurran en prácticas de desinformación, difamación o manipulación.
Durante su participación en un encuentro sobre ética comunicacional, Tavares cuestionó que el debate sobre las noticias falsas y la manipulación informativa se concentre únicamente en los creadores de contenido que buscan generar visualizaciones y monetización en plataformas digitales.
“Yo creo que es más antiético tú mentir, manipular por views, donde YouTube te va a pagar 2,000 dólares al largo de un mes, o tú mentir y manipular para que un gobierno te dé una obra de 1,000 millones de pesos”, afirmó.
El comunicador sostuvo que existe una doble vara al analizar la desinformación, al considerar que algunos sectores señalan a los influencers como los principales responsables del fenómeno, mientras dejan fuera las prácticas cuestionables que, según dijo, históricamente han ocurrido en medios tradicionales.
“Queremos vender que los influencers son los que mienten, los que manipulan por los views, pero los views del área digital son 1,000 o 2,000 dólares; los views de la era análoga son 2,000 millones en una obra de asfalto”, expresó.
Tavares argumentó que propietarios de medios tradicionales también pueden incurrir en prácticas de manipulación cuando utilizan su influencia mediática para obtener beneficios económicos.
“Los dueños de los medios tradicionales también mienten, también mentían y también manipulan, pero lo hacen por contratos megamillonarios”, manifestó.
En ese sentido, cuestionó que se pretenda responsabilizar exclusivamente a los influencers por la desinformación y recordó situaciones en las que, según su planteamiento, medios de comunicación habrían ejercido presión sobre figuras o familias para conseguir beneficios.
“Cuando un periodista se sentaba a escribir un artículo y un dueño de un medio le sacaba cinco titulares a una gran familia dominicana hasta que no le dieran la obra. ¿Qué es eso? ¿No es manipulación? ¿Eso no es antiético?”, preguntó.
Tavares aclaró que está de acuerdo con que quienes difamen o mientan a través de plataformas digitales asuman las consecuencias correspondientes, pero reclamó que la misma vara sea utilizada con otros sectores.
“Yo estoy de acuerdo que al influencer que miente le aplique el Código Penal, pero yo quiero que a la familia dueña de esos medios de comunicación también se lo aplique”, sostuvo.
Sus declaraciones se producen en momentos en que la República Dominicana inició la aplicación de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, modificada recientemente por la Ley núm. 44-26. El nuevo régimen entró en vigor el 3 de agosto de 2026 y contempla disposiciones relacionadas con delitos contra el honor, así como conductas vinculadas al entorno digital.
La Ley 74-25 contempla la difamación como la imputación pública de un hecho preciso que afecte el honor, buen nombre, imagen, dignidad o integridad familiar de una persona, incluyendo su realización mediante medios audiovisuales, streaming, medios electrónicos y el ciberespacio.
Para Tavares, la aplicación equilibrada de la legislación permitiría avanzar hacia una comunicación más responsable, sin establecer diferencias entre quienes generan contenido para plataformas digitales y quienes ejercen influencia desde los medios tradicionales.
“Cuando se lo apliquen a los de cuello blanco y a los influencers podremos tener una mejor República Dominicana”, concluyó.