El Gobierno de la República Dominicana, a través de los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, Hacienda, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, se reunió con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar la implementación en el país de dos evaluaciones clave: una de la gestión de la inversión pública (conocida como PIMA, por sus siglas en inglés) y otra relacionada con la gestión de la inversión pública en el contexto del cambio climático (C-PIMA).
El marco de PIMA se utiliza para evaluar las prácticas de gobernanza de infraestructura en países de diversos niveles de desarrollo económico, analizando 15 dimensiones involucradas en las tres etapas del ciclo de inversión pública: planificación, asignación de recursos y ejecución de proyectos.
Por su parte, C-PIMA agrega una dimensión climática a la evaluación, considerando la capacidad de los países para gestionar la infraestructura relacionada con el clima. Estas evaluaciones tienen como objetivo identificar áreas de mejora en los procesos de inversión pública, buscando una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
Durante la reunión, el ministro de Economía, Pável Isa Contreras, profundizó en los resultados de los indicadores y herramientas utilizados en estas evaluaciones, que ya se han aplicado en 93 países para PIMA y 40 países para C-PIMA.
El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, expresó el pleno apoyo del Gobierno dominicano a esta iniciativa del organismo internacional, con el fin de mejorar la toma de decisiones y el control de la inversión pública.
Además, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, subrayó la importancia de la coordinación entre las entidades gubernamentales ante esta asistencia técnica.
Virginia Alonso Albarrán, economista principal en la División de Gestión Financiera Pública del FMI, destacó que la gestión de la inversión pública en América Latina y el Caribe presenta una brecha de eficiencia del 29% en comparación con los países más eficientes, una cifra similar a la de los mercados emergentes.
Explicó que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, la inversión anual promedio en la región debería ser del 3.4% del producto interno bruto (PIB) regional hasta 2030.
Señaló que las necesidades de inversión en infraestructura son ligeramente menores en América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones para lograr los ODS, pero siguen siendo sustanciales.
La economista enfatizó que una mejor gobernanza de la infraestructura podría compensar más de la mitad de las pérdidas de eficiencia observadas, subrayando la necesidad de fortalecer la gobernanza de la infraestructura para reducir esta brecha.
En esta reunión, que se llevó a cabo de manera virtual, también participaron Martín Francos, director general de Inversión Pública del Ministerio de Economía, y José Rijo Presbot, director general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.