Panorama Nacional. El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, aseguró que es impostergable que la República Dominicana cuente con un nuevo Código Penal que responda a las exigencias del presente y garantice un sistema de justicia penal efectivo, equitativo y moderno.
Lorenzo destacó que el marco legal del país no puede seguir anclado en el pasado, ignorando un contexto global caracterizado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y políticas.
El actual Código Penal dominicano, que data del siglo XIX y se basa en el modelo francés de 1884, a pesar de haber sido reformado en múltiples ocasiones, sigue manteniendo una estructura arcaica, tanto en su forma como en su espíritu, indicó Lorenzo.
El presidente de la Fundación subrayó que la antigüedad de este Código ha generado una profunda disonancia entre la normativa penal y los valores, derechos y garantías establecidos en la Constitución de 2010, la cual introduce un enfoque más garantista, respetando los derechos fundamentales, el debido proceso, la igualdad de género y el acceso a la justicia.
Uno de los principales problemas del Código vigente es su incapacidad para tipificar y sancionar de manera adecuada los delitos emergentes del siglo XXI. Fenómenos como el cibercrimen, la violencia de género en todas sus formas, la corrupción estructural, los delitos ambientales, el crimen organizado transnacional y los ataques contra la identidad digital requieren una respuesta penal moderna, clara y proporcional.
Lorenzo destacó que, sin una legislación adecuada, estos crímenes quedan en la penumbra jurídica, debilitando la capacidad del Estado para perseguirlos eficazmente y, de facto, protegiendo a los responsables.
La Constitución de 2010 marca un hito en la historia jurídica dominicana al reconocer derechos fundamentales de tercera generación, establecer el control constitucional, garantizar el principio de legalidad penal y fortalecer el sistema de justicia. Sin embargo, según Lorenzo, estas innovaciones pierden eficacia si el Código Penal —instrumento clave de protección y sanción— no se adapta a ellas.
La actual legislación penal no incorpora de manera coherente los principios del respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, la proporcionalidad de las penas ni los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, lo que socava la credibilidad del sistema judicial y alimenta la impunidad.
Lorenzo señaló que, además de tipificar nuevos delitos, es fundamental revisar y actualizar las penas. Estas deben ser coherentes con la gravedad del delito, su impacto social y el respeto por la dignidad humana. Muchas de las sanciones vigentes hoy en día resultan obsoletas, desproporcionadas o ineficaces como mecanismos de disuasión y rehabilitación. Un nuevo Código Penal debe corregir estas distorsiones y garantizar un sistema punitivo racional, justo y eficiente.
La elaboración de un nuevo Código Penal ha estado durante años en el debate legislativo y ha sido frustrada en múltiples ocasiones por intereses políticos, presiones de grupos y la falta de consenso. Sin embargo, Lorenzo subrayó que continuar postergando su aprobación significa renunciar al compromiso con el estado de derecho y con el futuro del país.