Fenabuques denuncia cobros ilegales y discriminatorios de Marítima Dominicana en puertos del país

Panorama Nacional.- La Federación Nacional de Abastecedores a Buques (Fenabuques) denunció este miércoles lo que califica como acciones ilegales, arbitrarias y discriminatorias por parte de la empresa Marítima Dominicana, S.A.S., la cual estaría imponiendo cobros indebidos a los suplidores de buques (Ship Chandlers) como condición para permitirles el acceso a los puertos del país.

Según la federación, la empresa, en su rol de agente consignatario de buques, ha establecido un pago obligatorio que oscila entre RD$5,310 y RD$7,080 (con Itbis incluido) por cada ingreso a las instalaciones portuarias, sin que exista respaldo legal o contrato alguno que justifique este cobro.

En un comunicado enviado a Panorana, Fenabuques argumenta que esta práctica contraviene la Ley 5-23 de Comercio Marítimo, la Resolución 47-96 del Ministerio de Hacienda, y la Sentencia TC/104/13 del Tribunal Constitucional, que prohíbe expresamente a entidades privadas establecer tasas o tributos sin habilitación legal.

Además, la federación señala que Marítima Dominicana ha exigido a los ship chandlers renunciar a su afiliación a Fenabuques y a sus asociaciones miembros, lo que representa una violación del derecho constitucional a la libre asociación.

Estas acciones, según denuncian, no solo afectan la competitividad del sector, sino que constituyen una usurpación de funciones públicas y han sido ejecutadas con la tolerancia de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) y la concesionaria Haina International Terminals (HIT).

Fenabuques advierte que más de 47 mipymes del sector están siendo afectadas económicamente por estas medidas y ha llevado el caso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en busca de una resolución que detenga estos cobros y restablezca el orden jurídico en los puertos del país.

La federación, presidida por Guillermo de la Rosa, exige a Marítima Dominicana el cese inmediato de toda exigencia de pago ilegal y solicita la intervención urgente de las autoridades competentes para garantizar un entorno portuario justo, competitivo y legal.