Expedientes judiciales sombríos: Escándalos, crímenes y corrupción que marcaron la nación

La República Dominicana de antes no es la actual. Con una población más numerosa y diversa, el escenario judicial ha cambiado, y desde hace unos años, sus salas judiciales exhiben casos tan sombríos que solo era posible ver en sociedades desarrolladas.

Desde 2010 a la fecha, el país ha sido testigo de importantes casos de corrupción, escándalos de estafas y crímenes que han acaparado la atención de los ciudadanos. Expedientes judiciales que han dejado huellas en la sociedad.

Un recorrido por la historia judicial dominicana de los últimos 14 años da cuenta de que tenemos una población más violenta. La tasa de homicidios en República Dominicana, que se situó en 2022 en el 12.37 por ciento por cada cien mil habitantes, ha subido respecto a 2021 cuando estaba en 10.54 por ciento.

Estadísticas que recogen informes judiciales, destacan que hace dos años el número de homicidios registrados en el país fue de 1,389, 217 más que hace tres años, lo que significa, que en el territorio dominicano se llevan a cabo cuatro asesinatos intencionales por día.

Un caso reciente que conmocionó la nación, fue el de la venezolana Yenny Carolina Pérez Canelón, de 27 años, quien fue ultimada y descuartizada por su pareja en una torre del Ensanche Piantini, en el Distrito Nacional.

El italiano-colombiano Michael Saba, de 30 años, autor de la muerte de la joven, fue apresado luego de este confesar que, tras una discusión entre ambos, le disparó con una pistola y que luego procedió a cercenar el cuerpo sin vida, distribuyéndolo en una maleta, el refrigerador y fundas, con ayuda de tres individuos. Por el caso, el extranjero recibió un año de prisión preventiva que debe cumple en una cárcel ubicada al sur del país.

La prisión preventiva es la medida más dictada por los tribunales de servicio de atención permanente dominicanos, contribuyendo a que la República Dominicana ocupe el quinto lugar entre los países de América con más presos preventivos.

Los datos que registra el Poder Judicial muestran que el año 2021 se impusieron 20,937 medidas de coerción, de las que 8,015, igual al 38.2 %, fueron prisión preventiva.

Un crimen ocurrido en septiembre de 2018, fue el de la joven rumana Andreea Celea, de 21 años, quien fue lanzada desde el octavo piso de un hotel por su expareja Gabriel Villanueva. El joven fue sentenciado a 20 años de prisión.

También 2018 es recordado por el fatídico caso de Víctor Alexander Portorreal “Chaman Chacra”, quien mató a su pareja de 32 años, a los tres hijos menores de ésta y posteriormente abusó de ellos sexualmente. Por el hecho, fue sentenciado a 30 años de prisión.

Otro homicidio que estremeció el país, fue el ocurrido en agosto de 2017 con la adolescente de 16 años, Emely Peguero, quien estaba embarazada cuando fue reportada desaparecida. Tras nueve días de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en una maleta, evidenciando un aborto y fractura craneal. Las autoridades revelaron que había salido con su novio Marlon Martínez, para recibir unos análisis relacionados con su embarazo, pero nunca regresó. En noviembre de ese mismo año, un tribunal lo condenó a 30 años de prisión y a la madre de este, Marlín Martínez, a cinco por complicidad.

En marzo de 2016, Blas Peralta, dirigente transportista, persiguió y disparó al vehículo de Aquino Febrillet, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y candidato a senador de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras una discusión con el candidato a diputado Edward Montás. En 2017, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Peralta a 30 años de prisión por este homicidio.

Corrupción

República Dominicana es el único país de América que ha logrado avances significativos contra la corrupción esta década y, desde 2020, ha subido 7 puntos, según un informe reciente divulgado por Transparencia Internacional (TI). Sin embargo, es inevitable recordar las secuelas dejadas por los casos de corrupción en el país.  

Odebrecht: contratos por sobornos

Iniciado en 2017 tras la admisión de la constructora brasileña de pagar sobornos por 92 millones de dólares para obtener contratos en República Dominicana, 14 personas fueron implicadas. En junio de 2017, 10 de ellas, incluyendo al empresario Ángel Rondón y al funcionario Víctor Díaz Rúa, recibieron medidas cautelares, como prisión preventiva, fianzas y restricciones. En octubre de 2021, solo dos de los imputados fueron condenados: Víctor Díaz Rúa a 5 años y Ángel Rondón a 8 años de prisión, con multas equivalentes a 200 salarios mínimos.

Yuniol: asesinato, secuestro y corrupción

El secuestro y posterior muerte del reconocido abogado y catedrático Yuniol Ramírez marcaría el 11 de octubre del año 2017 el inicio de uno de los casos judiciales que más han impactado a la opinión pública nacional, que, además, tiene un ingrediente adicional: un presunto entramado de corrupción a lo interno de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa). El abogado había amenazado con delatar esta supuesta corrupción y a cambio de no hacerlo supuestamente pidió dinero; como respuesta fue secuestrado y días después su cuerpo sin vida fue hallado con el cuello atado a un block. El órgano persecutor solicitó penas de 30 y 20 años de prisión, para un empleado de la Omsa y su director.

AntiPulpo: hermanos de un expresidente señalados

En diciembre de 2020, el Ministerio Público acusó a once personas, incluyendo a Alexis y Carmen Magalys Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina, de establecer una red de empresas mediante testaferros para obtener contratos públicos, violando la ley que prohíbe dicha práctica debido a su relación de hermandad con el exmandatario. La operación denominada Antipulpo, buscó desmantelar el grupo que supuestamente sustrajo 4.796 millones de pesos de fondos públicos.

Caso Coral

En abril de 2021, la Procuraduría llevó a cabo 27 allanamientos en diversas provincias del país como parte de la Operación Coral, vinculada a un presunto esquema de corrupción liderado por el mayor general Adán Cáceres, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.

Los seis acusados enfrentan cargos que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos derivados de actos de corrupción, y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Estafas

Hurto inmobiliario

Una red estafó a unas 300 personas, con más de RD$700 millones. Según el expediente, los imputados les ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas. En la denominada Operación Nido, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Emmanuel Rivera Ledesma, cabecilla, y los demás implicados en el fraude.

Fraude en la Lotería

En marzo de 2021, el Ministerio Público acusó formalmente a once personas en la Operación 13 por planificar y ejecutar un fraude en un sorteo de la Lotería Nacional y en bancas de juegos de azar, con un monto de más de RD$500 millones. El principal imputado fue el exadministrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent. En 2023, un tribunal declaró no culpables a Dicent y al camarógrafo Edison Miguel Perdomo, pero condenó a otros ocho imputados en el caso.

El rey de la droga

José David Figueroa Agosto, conocido como «Junior Cápsula», líder de una red internacional de narcotráfico, fue capturado en 2010, revelando conexiones con figuras destacadas de la sociedad y el espectáculo dominicano. En 2012, se declaró culpable de liderar la organización y colaboró con las autoridades estadounidenses, siendo puesto en libertad en marzo. El caso tuvo gran relevancia en la justicia dominicana debido a su magnitud, involucrando lavado de activos, narcotráfico, asociación de malhechores y sicariato.

Atentado contra el Big Papi

El 9 de junio de 2019, David Ortiz, exjugador de los Medias Rojas de Boston, fue herido gravemente mientras se encontraba compartiendo con amigos en un bar en la avenida Venezuela. En 2022, las autoridades judiciales condenaron a 10 de los 13 imputados en el atentado, imponiendo penas de prisión de cinco a 30 años.

Versión original publicada en Panorama Impreso