El cartel de la Seguridad Social: Un atraco a mano armada

Le llaman cartel, mafia, estafa. El Sistema Dominicano de la Seguridad Social es una “olla a presión” que cada vez más encuentra adversarios y suma indignación en una ciudadanía que, no tarda en destaparla lanzada a las calles en una protesta multitudinaria, contra un sistema que vulnera los derechos a la vista de todos.

Tras 23 años de creado, el sistema de cobertura de salud, pensiones y riesgos laborales del país no ha logrado -como prometió- reducir las desigualdades. Muchos afiliados a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) padecen la falta de acceso a sus fondos y a otros les niegan los derechos que tienen por ley. 

Y las quejas no cesan. Una mirada a las estadísticas contra el Sistema realizada por ciudadanos en los últimos tres años devela la inconformidad social que existe. Los inconvenientes con el seguro de salud y su falta de cobertura, encabezan la lista de reclamos en la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA). 

En una sala de emergencias pediátrica de un centro de salud privado, Leandro Núñez se queja de que debe pagar las analíticas de su hijo como si no tuviera seguro, y no es la primera vez que le ocurre.

“Pago un seguro médico mensual y casi no lo utilizo, pero cuando quiero utilizarlo me dicen que en emergencias no toman seguro si no es con una prescripción del médico, cómo la voy a tener si es fin de semana, los médicos no ofrecen consultas, es una manera de obligarte a pagar el dinero como si no tuvieras seguro, pero también una estrategia para obligarte a pagarle al médico una consulta, es decir, con esto del seguro hay un negocio y las autoridades no responden ante un tema tan humano”, cuestiona el padre del menor enfermo, al tiempo que pregunta molesto:

¿Si no utilizas tu seguro o lo utilizas poco y cuando quieres hacerlo tienes mil trabas a dónde va el dinero del ciudadano, para qué tenemos seguro?

Leandro Núñez, asegurado.

Entre enero-noviembre de 2021 y el mismo período de 2023, la DIDA recibió 41,035 quejas solo relacionadas al Seguro Familiar de Salud (SFS), equivalentes a 60 denuncias diarias. Pero, no son números fríos, se trata de ciudadanos que en su mayoría pasan amargos momentos ante la falta de dinero y la escasa o nula cobertura de un servicio de salud o medicamentos, mientras a otros les atormenta la idea de considerarse estafados.

Tras diez años sin usar su seguro médico, el comunicador Ricardo Nieves relata que acudió a una farmacia a comprar medicamentos y ninguno de los que necesitaba fueron cubiertos. 

“Cómo es posible que tienen diez años cobrando un seguro y cuando voy a comprar tres medicamentos sencillos, me dicen que no me cubre. Yo lo puedo pagar, pero… ¡qué sucede con un infeliz que no lo puede pagar! Este país tiene que hacerle una revolución a la AFP y la ARS porque es una estafa al ciudadano y a la dignidad humana”, manifestó indignado utilizando su programa como vía para hacer la denuncia.

A Rosa Batista las canas se le han hecho más blancas esperando la pensión que nunca llega. Con las enfermedades propias de sus 77 años, cada mes debe gastar diez mil pesos solo en medicamentos y para comprarlos depende de lo poco que sus hijos le pueden aportar. Hace cinco años comenzó a sacar su pensión y entre requisitos y excusas, se ve imposibilitada de recibir un derecho adquirido durante sus 36 años de trabajo, más de lo reglamentado por ley.

“Trabajé como conserje, secretaria, archivista y en una la botica popular. Con la entrega de la pensión me han dado varias excusas y una de ellas fue que devolvieron los papeles porque los de algunos compañeros no estaban completos”, relata Batista.

La Ley 87-01 que rige el Sistema de Seguridad Social, destaca en su artículo 60, que el Estado dominicano garantizará a todos sus afiliados el derecho a una pensión mínima. Para esto la persona debe haber cumplido 65 años de edad y cotizado durante por lo menos 300 meses (25 años) en cualquiera de los sistemas de pensión vigentes, pero esto no siempre se cumple y las casi 14 mil quejas que ha recibido la DIDA en los últimos tres años solo en el reglón por vejez, discapacidad y sobrevivencia, es una muestra.

Las estadísticas pudieran ser más de las que se publican, pero el desconocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos marca de forma desfavorable el debate.

Su origen

La pieza que rige el Sistema de Seguridad Social en el país fue aprobada en 2001 y entró en vigencia dos años después. Básicamente, planteó un nuevo modelo de salud y pensiones guiado por criterios de eficiencia, cobertura universal y solidaridad. La ley creó las Administradoras de Riesgos de la Salud (ARS); las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la Superintendencia de Riesgos Laborales y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), como órgano de dirección.

Este reglamento señala a la DIDA como la institución responsable de que la ciudadanía tenga una vía efectiva para formular sus reclamos en la seguridad social, entre sus funciones está asistir en todos los servicios que sean necesarios a los afiliados, es decir, brindarles información sobre sus derechos y deberes, así como para formulación de recursos e instancias amigables y legales, querellas y demandas, representación y seguimiento de casos. Sin embargo, esta entidad del Estado ha sido tímida en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué los limita para darle salida a los reclamos que reciben?, es la pregunta que dejó sin contestar su actual directora Carolina Serrata, a quien se notificó sobre la realización de este trabajo. 

En la actualidad

El patrimonio de recaudación de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos, públicos y privados, ascendía a RD$ 947 mil 577 millones a diciembre de 2023, según datos recientes publicados por la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP). Estos fondos, son invertidos en turismo, energía, zonas francas y agroindustria.

Para 2021, las siete AFP que administran las cuentas de capitalización individual (CCI) de los trabajadores (Popular, Reservas, Crecer, Siembra, Romana, JMMB-BDI y Atlántico) tenían el 49.3% de ese dinero en certificados del Banco Central, mientras que el 31.4% estaba colocado en bonos de deuda del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, para un total de 80.7%, conforme a datos de la Superintendencia de Pensiones (Sipen).

En el ánimo del pueblo está el deseo de que su dinero les sea devuelto y que se desmonte este Sistema, sin embargo, a pesar de las múltiples inconformidades, a la fecha, las autoridades gubernamentales se mantienen indiferentes, mientras en el Congreso Nacional un nuevo proyecto busca acuerdos para modificar la Ley 87-01, aún sin resultado. 

“Pese a que en 2020 la Ley 13-20 estableció un plazo para una modificación integral de la Ley 87-01, ese camino parece tan fracasado como aquel establecido por la propia Ley, que se imponía ser revisada a los diez años de estar en vigencia (en 2011)”, destaca Matías Bosch Carcuro en su libro titulado No+ ARS No+ AFP.

El nieto del expresidente Juan Bosch es una de las voces que luchan por una seguridad social digna en el país.

Visión externa

Las deudas del Sistema de Seguridad Social Dominicano quedan reflejadas en un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en marzo de 2021.

“El sistema de protección social dominicano está lejos de alcanzar los objetivos establecidos en la Ley de 2001 y ser un mecanismo eficaz para reducir las desigualdades”, dice el informe, que agrega: “Más preocupante aún es que, después de dos décadas de condiciones económicas inusualmente favorables, no se registran avances en la cobertura del régimen contributivo de la seguridad social”. El contributivo es el plan del Seguro Familiar de Salud, al que se acogen los empleados públicos y privados del país.

Para el PNUD, tampoco se ha implementado un régimen voluntario de cotización para aquellos trabajadores no asalariados que deseen aportar al régimen contributivo. 

El PNUD es claro sobre estas disparidades: “El sistema de protección social de la República Dominicana tiene un profundo problema de arquitectura, derivado de la segmentación que hace la Ley de 2001 entre trabajadores asalariados y no asalariados, y la consiguiente articulación de la seguridad social alrededor de la condición de formalidad e informalidad”.

El informe describe que, por las particularidades del sistema, menos de la mitad de los trabajadores tiene acceso a las protecciones asociadas con la formalidad. Y para la minoría que sí tiene, “la cobertura es errática, porque los mismos trabajadores a veces tienen empleos formales y otras, empleos informales”.

Esto implica que “a veces tienen la cobertura de salud que ofrece el SFS en su modalidad contributiva y a veces no; a veces tienen que hacer copagos y a veces no. Y, según el estatus ocupacional que tienen, a veces están cubiertos contra los riesgos de invalidez y muerte y a veces no”, cita el informe.

Al referirse a la eficacia de la protección social, el organismo internacional destaca que el modelo dominicano deja a la mayoría de los trabajadores en el desamparo durante la vejez por dos razones. Primero, la cobertura del Seguro Familiar de Salud, en cualquier modalidad, solo opera durante la vida activa del trabajador. Segundo, la mayoría de los trabajadores no tendrá una pensión de vejez al llegar a la edad de jubilación, aun los que hayan tenido empleos formales durante parte de su vida. Solo una minoría, generalmente los de mayores ingresos, llegará a acumular 300 meses de cotización.

“Muchos han ahorrado para su pensión de vejez y, además de no obtenerla, desconocen el destino de sus ahorros”, refiere el informe. No obstante, la ley no especifica qué sucede con los saldos de la cuenta de capitalización individual cuando un trabajador no cumple los requisitos para recibir su pensión.

En síntesis, deplora que la mayoría de los sistemas de protección social de la región, y del mundo, contienen mecanismos para ayudar a los jubilados a lidiar con los riesgos de salud y el de la República Dominicana no.

“Incumplimientos de la Ley generan inequidades”

El economista y exgerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Arismendi Díaz Santana, lamenta que, después de dos décadas, todavía no se haya implantado el primer nivel de atención, basado en la estrategia de atención primaria, ni se haya aprobado un verdadero Plan Básico de Salud, manteniendo el viejo modelo curativo, excluyente y costoso. También está en el limbo el Régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores por cuenta propia.

“Estos incumplimientos de la Ley generan distorsiones, inequidades, insatisfacciones y costos. Todavía el gasto de bolsillo ronda el 45% del gasto nacional en salud, cuyo monto rivaliza con el presupuesto para la salud de las personas, a pesar de una cobertura del 98% de la población”, precisó Santana.

Artículo publicado originalmente en Panorama Impreso