Panorama Opinión. He dicho en mi cuenta de X, (Twitter) que el Ministerio Público actual está cometiendo, adrede, los mismos errores que el anterior, produciendo expedientes acusatorios igualmente fallidos, para que no haya justicia, para que los políticos y empresarios imputados en casos de corrupción sean liberados por insuficiencia de pruebas, extinción del proceso judicial porque el debido proceso así lo determina, obligando a los jueces, en cuyos hombros pesa una camisa de fuerza que se llama “Código Procesal Penal” y la Constitución, que deben ser cumplidos estrictamente.
De igual manera, he sostenido reiteradamente que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras su llegada al poder en el 2020 con Luis Abinader como presidente de la República, debió comenzar los “cambios” destruyendo el búnker judicial, soterrado y fortificado con paredes de acero, creado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina para evitar que los efectos de una justicia verdadera los tocaran, al igual que a sus compañeros del Comité Político, el Comité Central y otras instancias mafiosas enquistadas en el poder.
¡Pero el PRM no lo hizo! El presidente Luis Abinader y sus compañeros creyeron que bastaría con una “justicia independiente”, con la designación, primero, de la magistrada Miriam Germán, de cuya honorabilidad nadie ha puesto en duda, y de Yeni Berenice Reynoso, de cuya capacidad jurídica procesal nadie duda.
Al cabo de casi seis años de instalado el Partido Revolucionario Moderno en el poder, debo decir, penosamente, que la “justicia independiente” del PRM ha sido un fracaso, pues ningún expediente ha terminado con el “carácter de la cosa juzgada”, logrando la condena de los imputados. Por el contrario, todos han terminado absueltos o han “negociado” su condición de imputados.
A los hechos me remito: no hay un solo imputado en la cárcel tras ser condenado por los tribunales. Todos absueltos. El expediente de Odebrecht, tal vez el más bochornoso de todos, terminó “sin pena ni gloria”. A pesar de “una patana” cargada de pruebas, tanto en el país como en el extranjero, la conclusión es una burla a la inteligencia de todo un pueblo. No hubo condenados. Los políticos de todos los partidos fueron excluidos del expediente. Los que terminaron en el juicio fueron absueltos. No hubo, según la sentencia, sobornados ni enriquecimiento ilícito. Y “colorín colorado”, el cuento terminó. “Se rompió la taza, cada uno para su casa”, incluyendo a los fiscales, jueces, abogados y periodistas beneficiados con el dinero de la empresa brasileña. Podría citar muchos otros casos de complicidad y falta de transparencia en los procesos judiciales, pero tendría que escribir otro tomo de mi obra, “Justicia y Corrupción”. Y no tengo espacio ni tiempo.
Al caso que sí quisiera referirme brevemente es al conocido como “Operación Medusa”, que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez junto con algunos funcionarios, amigos y allegados de la institución, inocentes y culpables. Todos en el mismo expediente.
El caso Medusa tiene una gran similitud con el de Odebrecht. Ambos expedientes fueron concebidos para que al final no se pueda hacer justicia, como bien lo estableció, desde un principio, la magistrada Miriam Germán, por lo cual pagó un precio muy alto al ser avasallada en el Consejo Nacional de la Magistratura y dejada fuera del tribunal de la alta corte a la que aspiraba.
El Ministerio Público acusa a Jean Alain y otros, desde hace más de cinco años, de delitos que incluyen “asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, desfalco, prevaricación y lavado de activos, entre otros”, por un monto superior a los seis mil millones de pesos. (La mayoría de los hechos no han podido ser demostrados en audiencia, de acuerdo con los expertos).
El expediente en cuestión contiene 12,274 páginas. El juicio preliminar ya concluyó tras años de lectura y discusión de la acusación, y el proceso se encuentra ahora en la fase de inicio de juicio de fondo, donde todavía se conocen incidentes antes de su inicio formal. Durante este tiempo, el caso ha transitado por múltiples incidencias, desde una acusación presentada cerca de 22 meses después de los allanamientos y arrestos, luego de varias prórrogas concedidas al propio Ministerio Público, hasta los problemas provocados por un disco duro defectuoso que retrasó el acceso a parte de las pruebas digitales. Todo ello ha contribuido al desgaste natural de un expediente extraordinariamente voluminoso que, a casi cinco años de iniciado, aún no produce una decisión sobre el fondo.
El Código Procesal Penal y la Constitución fueron concebidos precisamente para evitar que los ciudadanos permanezcan sometidos indefinidamente a un proceso penal. Por esa razón, si los tribunales concluyen que se ha sobrepasado el plazo razonable establecido por la ley, los imputados en la “Operación Medusa” podrían terminar beneficiados por la extinción de la acción penal antes de que el país conozca una sentencia definitiva sobre las acusaciones formuladas en su contra.
Ya estoy mentalmente listo para pedirles perdón por los daños morales causados por el Ministerio Público, que elaboró un expediente de 12,274 páginas (una pantomima), con decenas de acusados inútiles (mareo, allante, pantalla y movimiento) para entretener a un pueblo ignorante.
Y ahora la pregunta obligada: ¿qué pasará con SENASA? Porque después de Odebrecht y Medusa, cualquiera podría pensar que mientras más grande es el expediente, más lejos queda la sentencia.
