Exigen justicia por expropiación de terrenos del Estadio Olímpico
Panorama Nacional. La familia Michelena denuncia ser propietaria de los terrenos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y reclama al Gobierno dominicano la devolución del mismo o el pago de más de 62 mil metros cuadrados expropiados hace más de 50 años.
Esta demanda se presenta a menos de un año de que República Dominicana reciba a miles de atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
La denuncia fue presentada por el abogado Julio Santamaria, quien advirtió que comenzará a notificar a las embajadas de los países participantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, informándoles que los propietarios de esos terrenos se oponen a que se realicen actividades deportivas sobre una tierra cuya titularidad está en disputa en los tribunales de República Dominicana.
“Vamos a proceder a notificar a todas y cada una de las embajadas que habrán de participar en los juegos, haciendo de su conocimiento que los propietarios se oponen a la realización de actividades deportivas en su terreno”, declaró Santamaria.
Afirmó que no se trata únicamente de un reclamo económico, sino de una exigencia de respeto a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
“Esto no es un problema de dinero. Básicamente esto es un problema de respeto al derecho de propiedad”, aclaró Santamaria.
Según el abogado, los terrenos fueron expropiados en 1964 por el entonces Triunvirato con el propósito de construir un Parque Metropolitano, pero la familia Michelena jamás recibió compensación alguna. En 1970, el Estado firmó un contrato de compraventa por RD$265,607.07, monto que, hasta el día de hoy, no ha sido saldado. El contrato incluía una polémica cláusula: el pago quedaba condicionado a la “disponibilidad presupuestaria”, lo que Santamaria califica como una muestra clara de dolo por parte del Estado.
En 2009, los herederos de Santiago Michelena llevaron el caso a los tribunales, obteniendo una sentencia favorable que ordenaba el pago de US$ 894,508,125 como justiprecio. Sin embargo, el Estado apeló la decisión y la misma fue revocada bajo el argumento de que ya existía un precio pactado en el contrato de 1970, a pesar de que nunca se efectuó el pago.
El caso permaneció estancado hasta que la familia Michelena volvió a apoderar el proceso legal en 2024. Ahora solicitan la rescisión del contrato por incumplimiento y la anulación del certificado de título actual, lo cual podría poner en entredicho la legalidad de las instalaciones deportivas donde se realizarán los Juegos Centroamericanos.
De su lado, el periodista y presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, José Monegro, señala que “ese es un tema por el cual debe responder el gobierno como propietario de las instalaciones”.
Mientras que el Ministerio de Deportes, informa que el caso está siendo analizado por el equipo jurídico del Ministerio, ya que es un asunto que ha manejado Bienes Nacionales y Hacienda. Hasta el momento, ninguna de estas entidades ha ofrecido declaraciones oficiales.
El abogado Santamaria reveló que el Ministerio de Hacienda certificó en octubre de 2024 que no existe constancia de pago parcial ni total por concepto de la expropiación. Esto refuerza la tesis de la familia Michelena de que el Estado ha incumplido sistemáticamente su obligación legal.
El reclamo no sólo implica una suma millonaria, sino también un cuestionamiento profundo a la responsabilidad del Estado dominicano en cuanto al respeto a los derechos de propiedad y la seguridad jurídica. Si este conflicto no se resuelve con prontitud, podría convertirse en un escándalo internacional justo cuando República Dominicana se prepara para recibir a miles de atletas y delegaciones extranjeras.
La denuncia fue revelada durante una entrevista exclusiva en el programa Toda la Verdad, conducido por la periodista Odalis Castillo y transmitido cada domingo a las 8:00 de la noche por el canal VTV 32.
