Por: Roberto Hernández Basilio
Panorama Opinión. La reforma policial dominicana ha entrado en su fase más visible y, a la vez, más vulnerable. El Senado aprobó en primera lectura modificaciones que endurecen el uso de la fuerza, prohíben el uso de agentes en servicios privados y reorganizan la carrera policial en categorías directiva, intermedia y de patrullaje. La propuesta obtuvo 24 votos de 27 senadores presentes tras un informe favorable de comisión. Es un paso legislativo importante, pero la ley por sí sola no transforma una institución.
El Estado dominicano tiene, en efecto, la responsabilidad primaria de esta transformación: diseñar la política pública, financiar la formación, depurar el escalafón y garantizar que las sanciones se apliquen. Pero la sociedad civil, que es la beneficiaria directa de una policía mejor, no puede quedarse como espectadora. Le corresponde acompañar, exigir cumplimiento y ejercer veeduría ciudadana sobre cada etapa del proceso. Una reforma sin control social termina, tarde o temprano, capturada por la inercia institucional o por el ciclo político.
Conviene recordar una verdad incómoda: cada sociedad tiene, en gran medida, la policía que merece y que puede pagar. Los salarios bajos, las condiciones de trabajo precarias y la falta de inversión sostenida en formación no son responsabilidad exclusiva del uniformado; son el reflejo de decisiones colectivas sobre qué priorizamos como país. La nueva ley, por ejemplo, contempla que los agentes pensionados perciban solo entre 60% y 70% de su salario, lo que desanima a nuevos aspirantes a ingresar a la institución. Si queremos mejores policías, debemos estar dispuestos a sostener económicamente esa mejora.
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Es indispensable también reconocer de dónde vienen los hombres y mujeres que visten el uniforme. La inmensa mayoría de los miembros de la Policía Nacional provienen de los estratos más pobres de nuestros barrios y provincias, particularmente del sur profundo, la región de mayor rezago socioeconómico del país. Exigirles excelencia sin haberles ofrecido antes educación, oportunidades y condiciones dignas es una contradicción que la reforma debe resolver, no ignorar.
Dicho esto, sería injusto negar los avances. La ministra de Interior y Policía ha destacado la graduación de más de 12,000 agentes tras un proceso de formación de más de un año, además de la modernización del Instituto Policial de Educación Superior, con mayor participación de académicos especializados en seguridad ciudadana. Analistas coinciden en que los avances en formación, modernización tecnológica, revisión de protocolos y mejores condiciones laborales son pasos importantes, aunque el camino apenas comienza. Persisten desafíos serios: uno de los principales retos sigue siendo que los cambios institucionales se reflejen de manera consistente en la actuación cotidiana de los agentes, y las cifras de muertes en actuaciones policiales continúan generando preocupación legítima en la ciudadanía.
Aquí es donde debe trazarse una línea clara: la reforma policial no puede convertirse en bandera de partido ni en moneda de cambio electoral. Politizarla equivale a condenarla a la reversión con cada cambio de gobierno. Se necesita una política de Estado, no de gestión, con continuidad garantizada más allá de quién ocupe el Palacio Nacional.
La seguridad ciudadana no es un problema exclusivo de la Policía; es un compromiso compartido entre el Estado que gobierna, el ciudadano que exige y el policía que sirve. Los datos, los debates en la prensa y las voces de expertos y ciudadanos coinciden en algo esperanzador: hay voluntad de cambio, hay avances concretos y hay una sociedad cada vez más atenta y exigente. Ese despertar cívico, sumado a la decisión institucional de sostener el proceso, es la mejor garantía de que República Dominicana está construyendo, con paciencia y compromiso colectivo, la policía que su gente merece.
