Especialista advierte que el anteproyecto de Ley de Contrataciones Públicas podría abrir la puerta a inseguridad jurídica para los proveedores
Panorama Nacional. La Abogada especializada en compras y contrataciones públicas, Stephany Rosario, advirtió que la aprobación del anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, podría dar acceso a inseguridades jurídicas.
Aunque Rosario reconoce que la pieza representa un paso imprescindible para la República Dominicana, entiende que, por su alto impacto, debe ser objeto de un escrutinio técnico riguroso para asegurar su constitucionalidad, aplicabilidad y evitar interpretaciones arbitrarias que, lejos de fortalecer el sistema, lo debiliten por inseguridad jurídica.
La experta señala que una el nuevo régimen de inhabilidades y prohibiciones para contratar con el Estado se percibe positiva porque refuerza la prevención de conflictos de interés y busca garantizar que quienes participan en los procedimientos de contratación no tengan vínculos que comprometan la imparcialidad o integridad del proceso, no obstante, preocupa la amplitud con la que se han formulado algunas de estas inhabilidades, particularmente aquellas vinculadas a relaciones familiares y personales de funcionarios públicos.
El proyecto establece que “por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los cónyuges o parejas en unión libre” lo que, a juicio de Rosario, plantea serias dudas jurídicas que ameritan discusión.
“La consanguinidad es jurídicamente clara, pero la afinidad, sobre todo en su segundo grado, implica relaciones cuya influencia real en la toma de decisiones públicas es discutible. A esto se suma la inclusión de las parejas en unión libre, una figura que en nuestro ordenamiento no tiene registro civil obligatorio, ni un marco jurídico que establezca cómo se prueba su existencia. ¿Cómo se determinará si alguien está en unión libre con un funcionario? ¿Será suficiente una convivencia informal? ¿Bastará una relación pública en redes sociales? La falta de criterios objetivos abre la puerta a interpretaciones discrecionales, lo cual es inaceptable en un régimen de inhabilidades que debe sustentarse en hechos verificables y jurídicamente relevantes.”, cuestiona la abogada.
Stephany Rosario apunta además que en el proyecto de ley se establece que las personas jurídicas en las que estos familiares o parejas tengan participación societaria estarán también inhabilitadas, sin importar el porcentaje ni si ejercen control real sobre la empresa, lo que podría generar efectos colaterales negativos sobre el derecho a la libre empresa y la participación en condiciones de igualdad, especialmente para MIPYMES que, sin relación sustantiva con el funcionario, podrían ser injustamente excluidas del sistema por vínculos meramente formales.
Asimismo, evalúa el caso de “obra compleja” y “obra no compleja”, figuras de las que señala que según el texto propuesto, las definiciones de estos tipos son genéricas, dando paso a las cuestionantes como ¿Dónde se traza la línea entre lo complejo y lo ordinario?.
“Estas definiciones pueden tener implicaciones sustanciales en la modalidad de contratación a aplicar, la necesidad de pliegos específicos, los requisitos de supervisión, e incluso la elegibilidad de ciertos oferentes… En ausencia de una taxonomía técnica respaldada por estándares del sector construcción o referencias normativas objetivas, esta clasificación queda sujeta a la interpretación subjetiva de la entidad contratante, lo que puede generar inseguridad jurídica para los oferentes y debilitar los principios de legalidad y objetividad en la toma de decisiones”, afirmó.
En otro orden, Rosario dijo que el texto también incorpora avances sustanciales que deben ser reconocidos, como el fortalecimiento del principio de integridad, que incluye responsabilidades claras tanto para proveedores como para servidores públicos y reconoce por primera vez la figura del beneficiario final, una herramienta clave para prevenir estructuras societarias opacas y prácticas de simulación.
También resalta el esfuerzo por modernizar el lenguaje legal, sistematizar los procedimientos y promover la planificación estratégica de las compras. La posibilidad de introducir cláusulas sociales y ambientales, así como el enfoque hacia compras sostenibles e inclusivas, alinean el régimen de contrataciones con los compromisos internacionales del país en materia de desarrollo y sostenibilidad.
“La aprobación de una nueva Ley de Contrataciones Públicas es una oportunidad histórica para reestructurar el sistema dominicano, pero exige un equilibrio entre el fortalecimiento institucional y la seguridad jurídica. Una ley moderna no puede sostenerse sobre conceptos vagos, categorías jurídicas imprecisas ni vínculos presuntivos que no respondan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, apuntó la jurista.
Finalmente explicó que el camino hacia una contratación pública más transparente, técnica y equitativa no está solo en redactar nuevas normas, sino en hacerlo bien: con consenso, precisión jurídica, fundamento técnico y garantías claras para todos los actores del sistema.
