Más de 20 proyectos inmobiliarios en riesgo por conflicto entre ayuntamientos de Higüey y Verón

Periodista Panoramajulio 22, 2025 | 09:45 AM | 2 mins de lectura

Panorama Nacional. Más de 20 proyectos inmobiliarios se encuentran paralizados como consecuencia del conflicto entre los ayuntamientos de Higüey y Verón–Punta Cana sobre el uso de suelo y espacio público.

Como parte de un acuerdo, desde 2014 los cabildos repartían 50/50 las recaudaciones de permisos y servicios municipales, sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Verón ha roto unilateralmente dicho acuerdo.

Desde Higüey defienden la tesis de que Verón es un territorio que creció bajo su sombra, y que, por tanto, no puede pretender una autonomía absoluta sin reconocer la interdependencia histórica ni hacerlo parte de las riquezas que produce para solucionar problemas puntuales de los higüeyanos. Lo que hace doler la cabeza al municipio cabecera de La Altagracia, con 446,060 habitantes, es que separarse de Verón–Punta Cana implicaría un impacto económico demoledor para los ingresos del Ayuntamiento. No es para menos. El presupuesto de este año del cabildo de Higüey es de RD$910,000,000 millones, de los cuales el 40 por ciento (RD$364,000,000 millones) depende de los recursos provenientes de Verón–Punta Cana. De su lado, Verón reclama su autonomía municipal, con control total de sus ingresos y territorio, alegando que su alto nivel de desarrollo ya no le permite seguir como un distrito subordinado política y administrativamente a Higüey. Y las cifras de la industria turística así lo demuestran. La Asociación de Hoteles del Este (Asoleste) indica que en Punta Cana actualmente operan unas 51,000 habitaciones hoteleras, hay 3,000 en construcción y otras 3,500 proyectadas para los próximos tres años. “Además, contamos con un máster plan aprobado para casi 10,000 habitaciones adicionales que se desarrollarán en ese mismo período, y que continuarán creciendo en los próximos diez años”, apunta Ernesto Veloz, presidente de Asoleste. El informe “Inversión Turística Punta Cana-Bávaro”, presentado en marzo de este año por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur), revalida el grado de expansión que experimenta esta zona, al consolidar a La Altagracia como el principal destino de inversión turística e inmobiliaria del país. El estudio precisa que en el período 2023-2024 Confotur otorgó clasificaciones definitivas a 129 proyectos (hoteles y desarrollos inmobiliarios) distribuidos en 12 destinos, con una inversión total de US$5,791.5 millones. De ese monto, US$3,172.7 millones (el 55% del total nacional) están destinados a 77 proyectos en La Altagracia, que en conjunto contemplan la construcción de 17,174 habitaciones. Este crecimiento incuestionable, más los requisitos de ley que cumple con creces, empuja a Verón-Punta Cana a exigir que el Congreso Nacional apruebe sin dilaciones el anteproyecto de ley que propone elevarlo a la categoría de municipio. Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, esta comunidad tiene una población de 138,919 habitantes, cifra que actualmente supera la suma total de 28 municipios del país. Sin embargo, al margen de esa iniciativa legislativa, de la autoría del senador altagraciano Rafael Barón Duluc, el epicentro de este debate es el derecho que reclama Verón–Punta Cana para establecer y gestionar su propia Oficina de Planeamiento Urbano. A través de esta oficina, el distrito turístico podría conceder y cobrar permisos de construcción, así como imponer arbitrios y tasas por servicios municipales.

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El alcalde Ramón Ramírez, notificó la ruptura del pacto al Ayuntamiento de Higüey, presidido por Karina Aristy, alegando que según la ley es ilegal mantenerlo. Esta separación implica un impacto económico para el ayuntamiento de Higüey, ya que el 40 por ciento de los ingresos proviene de Verón.

Tras esto, el Consejo de Regidores de Higüey recordó a las autoridades municipales de Verón que no tienen facultad legal para romper el acuerdo a la vez que enviaron un mensaje a los desarrolladores de que solamente el cabildo de Higüey tiene atribución para emitir cualquier tipo de permisos.

Ahora, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) se niega a aceptar las certificaciones de uso de suelo emitidas por el Distrito Municipal de Verón–Punta Cana, manteniendo paralizados los proyectos de esa zona.

William Melo, encargado de Planeamiento Urbano de la Junta Municipal de Verón–Punta Cana, explica que desde la activación de la oficina se han tasado más de 30 solicitudes y al menos 20 ya pagaron por la certificación de uso de suelo emitida en Verón. Sin embargo, si el Mived no da el visto bueno a las certificaciones ningún proyecto puede iniciar trabajos de construcción.

“Cuando los desarrolladores pagan por el uso de suelo se les entrega una certificación que les permite continuar los trámites ante las demás instituciones. El Mived, sin embargo, no quiere aceptar la certificación que emitimos en Verón y dice que solo la de Higüey es válida, lo cual contradice lo que establece la ley 368-22”, condenó Melo.

El Mived exige la no objeción de uso de suelo como requisito para iniciar los trámites de la licencia de construcción, por tanto ha detenido el avance de las obras en Verón.

Entre los proyectos afectados figuran naves de almacenes, complejos de apartamentos y villas residenciales, promovidos tanto por inversionistas locales como extranjeros.

El economista José Polanco advierte que la disputa territorial entre Verón–Punta Cana e Higüey puede provocar un efecto adverso sobre las inversiones en el principal polo turístico de República Dominicana, ya que la disputa transmite señales de inestabilidad regulatoria.