Panorama Nacional. Los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), hicieron su declaración jurada de bienes, en cumplimiento de la Ley311-14.
En tal sentido, la presidenta del órgano externo de la fiscalización de los recursos públicos, consideró que con esta iniciativa, los miembros del Pleno están dando un ejemplo al país, al tiempo que exhortan a todos los funcionarios públicos a cumplir con este deber legal y constitucional.
“Que el país conozca que estamos cumpliendo con la ley. Esperamos que todos aquellos que deben presentar su declaración jurada encuentren aquí las orientaciones necesarias para que el proceso sea rápido, transparente y cuente con el acompañamiento institucional que brindaremos a partir de este momento”, expresó la funcionaria mediante un comunicado público.
En la información enviada a Panorama , Polanco Melo dijo que esperan que todo el pueblo dominicano entienda que fueron electos para trabajar por y para la ciudadanía, y que con la entrega de esta declaración están honrando el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
En ese mismo sentido, el vicepresidente de la entidad, Francisco Tamárez Florentino, junto a los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, respaldaron las declaraciones de la presidenta. Además, hicieron un llamado a los demás funcionarios públicos a seguir su ejemplo y presentar sus declaraciones juradas, promoviendo así una gestión transparente y responsable de los bienes del Estado.
“Instamos a todos los funcionarios a hacer lo propio, y reiteramos nuestro compromiso con una mejor Cámara de Cuentas al servicio del país”, expresaron los miembros del Pleno.
La Ley 311-14 establece que los funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a su toma de posesión; cada vez que inicien funciones en un nuevo cargo o sean reelectos para un período adicional; y dentro del mismo plazo al cesar en sus funciones. Asimismo, la autoridad competente podrá requerir la actualización de dicha declaración cuando lo considere necesario.
Esta obligación aplica a personas que ocupen cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en organismos autónomos y descentralizados del Estado.