El PLD advierte que el Gobierno busca imponer un «estado de miedo y silencio» contra la prensa

• Dice nuevo Código Penal y la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, van contra la difusión del pensamiento.

Panorama Político. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que el Gobierno pretende crear un estado de miedo y silencio para impedir que la prensa realice su labor y que la ciudadanía, en sentido general, denuncie con responsabilidad el dolo y la corrupción.

Según la organización opositora, el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto, y la Ley 1-26, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, van contra la difusión del pensamiento, con amenazas de prisión no solo para la prensa, sino también para los llamados influencers y para la población.

Indicó que ambas disposiciones desconocen dos sentencias del Tribunal Constitucional que han eliminado las penas de prisión para los delitos de difamación e injuria.

“La sombra de la censura incluye también el sometimiento del proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, el cual, si bien perimió en el Senado de la República, se habla de su posible reintroducción al Congreso Nacional”, subrayó el PLD en rueda de prensa.

Diferentes sectores periodísticos, la sociedad civil y profesionales del derecho han denominado popularmente como «Ley Mordaza» a una serie de artículos de la Ley 74-25 del Código Penal, por considerarlos una amenaza a la libertad de expresión.

Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD y exsenador, consideró que los hechos son claros y sugieren una vocación del Gobierno y los congresistas del PRM de acallar las voces críticas, tras acusar a las autoridades de gobernar en total opacidad y en las sombras protectoras del dolo, la corrupción y la censura previa a la prensa tradicional, a los medios virtuales y a la ciudadanía.

Dijo que el código contiene disposiciones en los artículos del 208 al 213 que establecen nuevas regulaciones redactadas de manera ambigua, las cuales pueden ser usadas por funcionarios venales para limitar, e incluso callar, el ejercicio del periodismo de investigación. 

Lorenzo recordó que, en el 2016, a través de la sentencia TC/0075/16, el TC declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento que establecían sanciones penales por difamación o injuria contra funcionarios o personas que ejerzan cargos públicos.

Indicó que la pieza introduce la figura de “Ultraje a funcionarios” (artículos del 309 al 311), que tiene ambigüedad en su redacción y que, además, incluye prisión para proteger el honor de los funcionarios y funcionarias.