Por: Carlo Lara
Luego de 30 años del brutal asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, hemos aprendido que justicia cumplida no significa olvido.
Panorama Opinión. Antes de iniciar nuestra reflexión es necesario plantearnos varias interrogantes: ¿por qué ocurrió este crimen? ¿Cuál fue su móvil real? Las versiones conocidas y por supuesto no aceptadas, nos indican varios factores: inmadurez emocional, posibles distorsiones psicológicas, ausencia de límites claros y una desconexión profunda con el valor de la vida humana. Dejar claro que este asesinato no se trató únicamente de un acto impulsivo; en el mismo hubo planificación que evidencian una mente enferma que, por alguna razón, que aun desconocemos sus familiares no tuvieron la fortaleza y mucho menos la capacidad de detectar y enfrentar.
Han pasado tres décadas desde uno de los crímenes más horrendo, brutal e injustificados en la historia reciente de la República Dominicana: el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar a manos de su primo, Mario José Redondo.
30 años no borran el horror y dolor, pero sí obligan a la sociedad a mirar más allá del hecho: hacia una verdadera y ejemplarizadora justicia, la educación y los valores que fallaron o simplemente no existieron para que una tragedia así se llevara a cabo en el país.
La condena que finaliza uno de los asesinos, llegó a su fin, y con ello termina la respuesta dada por el estado con el marco jurídico de entonces. La justicia actuó dentro de los límites de la ley, enviando un mensaje claro y contundente dando un ejemplo en ese entonces de que la justicia se debe aplicar bajo el marco institucional, no bajo la venganza social.
Ahora bien entendiendo lo anterior nos llega una interrogante muy complicada: ¿Puede la justicia realmente reparar un daño irreparable?
En este punto es donde pasamos hacia la importancia de la educación y los valores morales que deberían de permear a nuestra sociedad dominicana. Recordemos que ningún sistema judicial, por sólido y fuerte que parezca jamás podrá sustituir la formación que comienza en el hogar con nuestros padres, una formación que se debe establecer y llevar a cabo con amor, pero con rectitud, obediencia y fortaleza.
Decirle a los padres que los niños no nacen monstruos no nacen en el vacío. Se moldean y construyen con acción o por omisión de los propios padres, cuando estos niños llevan una vida en un entorno donde fallan la empatía, la disciplina y el respeto por la vida.
La responsabilidad de los padres no puede ser minimizada: criar ciudadanos implica formar conciencia, no solo corregir conductas y establecer reglas.
Este caso, más allá de su crudeza y horror, revela una grieta profunda en la estructura social dominicana, este suceso triste, inhumano nos enrostra una auténtica desconexión entre educación formal y formación ética, decirle a los padres que las escuelas instruyen, pero el hogar lo define. Cuando ambos fallan, la sociedad paga el precio y un precio muy alto.
Este crimen no puede explicarse solo desde la maldad individual. Es también el resultado de fallas acumuladas familiares, educativas y sociales que no fueron detectadas ni corregidas a tiempo. Cuando un joven es capaz de cruzar esa línea, el problema ya no es solo personal: es estructural.
Al final de esta condena de 30 años, debemos interpretar el contundente mensaje que nos deja. Sí, se cumplió una pena. Pero también dejó en evidencia limitaciones importantes: la falta de mecanismos preventivos y la debilidad en la detección temprana de conductas de riesgo.
30 años después, ahora no solo nos detenemos a pensar si se hizo justicia o no, sino que ha cambiado a raíz de este caso. ¿Se fortalecieron los procesos de evaluación psicológica? o ¿Se invirtió lo suficiente en prevención? Si la respuesta es ambigua o insuficiente, entonces el aprendizaje como sociedad también lo es.
Luego de estos 30 años cumplidos, emergen otras preguntas: ¿Debe la sociedad aceptar nuevamente a Mario José Redondo? Debemos entender que la sociedad no siempre opera bajo los mismos parámetros que la ley.
La reinserción social es una opción, pero en este caso difícil y de ninguna manera automática esto requiere procesos reales de rehabilitación, evaluación psicológica rigurosa y un acompañamiento institucional serio.
Ahora, el Estado tiene un rol ineludible, debe prevenir, invertir en educación emocional, fortalecer los programas de orientación familiar, intervenir tempranamente en entornos de riesgo.
Las familias, por su parte, deben asumir su responsabilidad como primera escuela de valores, enseñar el respeto, la empatía y que los límites no es opcional.
Treinta años después, el país no solo recuerda un crimen. Se enfrenta a una pregunta más profunda:
¿Hemos aprendido lo suficiente para que nunca vuelva a ocurrir?
