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El Estado dominicano entre la modernización y el primitivismo

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Panorama actualidad. En República Dominicana, el Estado ha dado pasos firmes hacia la modernización tecnológica. Hoy en día, un bebé puede salir de la maternidad con su acta de nacimiento lista gracias a la conexión directa con la Junta Central Electoral (JCE). Y si se trata de trámites diversos, la famosa Ventanilla Única concentra procesos que antes implicaban días y hasta semanas de gestiones. Hay que admitirlo: el país ha cambiado en ese aspecto.

Pero hay una excepción que resulta llamativa —y preocupante—: cuando se trata del dinero de los muertos, la modernidad desaparece.

La era dorada de la tecnología estatal

Tomemos como ejemplo la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esta institución ha dado pasos importantes en tecnología desde 2021. Por ejemplo, ya hizo obligatoria la factura electrónica para muchas empresas y cambió todo su sistema interno por una plataforma digital más moderna para manejar los impuestos. También ha empezado a usar estándares internacionales como los de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), para recibir reportes de grandes compañías. Además, está organizando sus proyectos con métodos profesionales, como los del PMI (Project Management Institute); tiene sistemas certificados para evitar sobornos y trabaja con herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial para mejorar cómo detecta errores y controla el fraude fiscal.

Por su parte, la Superintendencia de Bancos (SB) también ha hecho lo suyo. No solo mide el grado de digitalización de los bancos con un ranking anual, sino que ha impulsado billeteras móviles, canales de atención automatizada vía WhatsApp, chatbots y hasta un plan de Open Banking junto al Banco Mundial. Además, lanzó su propia app institucional y promueve cada año el uso de plataformas digitales por parte del sistema financiero.

Y hay que destacar algo importante: la plataforma ProUsuario de la SB ha sido una bocanada de aire fresco para los ciudadanos que quieren saber qué bancos los tienen fichados y cómo pueden reclamar. Funciona, es ágil, y demuestra que sí se puede hacer una administración más cercana.

Pero si un ahorrante se muere… se frisa el sistema

Que nadie se atreva a morirse con dinero en una cuenta bancaria, porque en ese caso, lo digital se desvanece. Ya no hay sistema interconectado, ni app, ni seguimiento en línea para los familiares que intentan saber si su ser querido tenía algún ahorro. El proceso es desesperante.

Aunque la Superintendencia de Bancos ha habilitado un formulario para estos casos, la respuesta puede tardar hasta 60 días hábiles. Es decir, dos meses, solo para que te digan si esa persona tenía o no una cuenta. A veces, lo que se recibe es una lista de entidades a las que hay que volver a escribir… una por una.

Pero si ese es el primer calvario, el segundo viene con la DGII. Supongamos que el banco sí confirma que hay dinero. Para poder mover un centavo, hay que tener una certificación de impuestos sucesorales. ¿Y cuánto tarda eso? Entre 6 y 12 meses desde la información que el doliente debe llevar, los super cálculos nucleares que se deben hacer y el posterior cobro por adelantado. Sí, un año entero esperando que la DGII calcule cuánto hay que pagar por una herencia.

El contraste que duele (y cuesta)

Para cobrarle impuestos a los vivos, el sistema es digital, automático, eficiente. Para rastrear una cuenta, validar un RNC, emitir una factura, pedir una certificación, todo se hace en línea. Pero cuando la persona con recursos en un banco fallece, el sistema también pierde la vida. Se congela. Las instituciones ya no se hablan entre sí. No hay cruce de datos con la Junta Central Electoral, ni alertas automáticas, ni inteligencia artificial que diga: “esta cuenta es de alguien fallecido, y estos son sus posibles herederos”.

¿No podría ProUsuario saber si hay una cuenta inactiva desde hace años y alertar que el titular ya no está vivo? ¿No podría la DGII tener un sistema que calcule en 48 horas —y no 12 meses— los impuestos sucesorales si ya tiene toda la información financiera del fallecido?

Porque si algo queda claro es que este no es un problema de tecnología: es un problema de voluntad.

Tecnología donde conviene

En la práctica, todo esto se traduce en una paradoja absurda: el Estado dominicano ha logrado avances impresionantes en modernización de procesos, pero le niega la tecnología a quienes más la necesitan: las familias en duelo, los herederos legales, los ciudadanos que quieren cerrar el capítulo de un ser querido sin tener que cargar con la burocracia de un país que se moderniza… para lo que le conviene.

Sí, podemos pagar impuestos desde el celular. Podemos recibir notificaciones de la DGII por correo electrónico, pero si un familiar muere, prepárese para peregrinar entre notarías, sucursales, departamentos legales, registros y oficinas que no conocen el Wi-Fi.

En definitiva, la tecnología avanza. Pero las herencias —y el dinero de los muertos— siguen en manos de las entidades bancarias, esperando en la fila. Sin sistema. Sin conexión. Y sin respuesta.

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